Publicado en Diario de Mallorca 4/02/2019
Francesc Puigventós
Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les IB (ADSP-IB).
Desde 2012 los jubilados de Baleares y del resto del estado vieron sus economías afectadas no solo por la práctica congelación de sus pensiones, sino por tener que pagar por los medicamentos recetados, debiendo abonar el 10 % del precio de los mismos con unos máximos mensuales en función de la renta. Al mismo tiempo se estableció que este copago fuera del 40% al 60 % para los trabajadores activos.
Debido al copago, en 2017 los 189.000 pensionistas de Baleares aportaron de su bolsillo aproximadamente 10 millones de euros por los medicamentos recetados, además de asumir también el pago completo de los medicamentos excluidos de financiación en 2012 (el “medicamentazo”). La contribución del bolsillo de los pensionistas al pago de sus medicamentos ha sido esencial para moderar durante los años de crisis el aumento del gasto farmacéutico a cargo de los presupuestos de la comunidad. El gasto en recetas disminuyó de forma importante en Baleares a partir de 2012 y todavía en 2017 este gasto se mantenía inferior al de antes de su aplicación.
No obstante, este copago ha producido una gran dificultad de acceso a los medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con bajos ingresos. Muchas personas han abandonado todo o parte del tratamiento por no disponer de recursos. La última encuesta del Barómetro Sanitario publicado por el Ministerio de Sanidad, estimó que fueron cerca de 40.000, las personas de Baleares que no pudieron acceder a medicinas por falta de dinero. Muchos de ellas son jubilados y jubiladas con bajas pensiones, pero también afecta a personas de todas las edades sin recursos o con rentas muy bajas. Es lo que se ha venido en llamar la “pobreza farmacéutica”. Hay que tener en cuenta que en nuestra comunidad autónoma según el Informe EAPN de 2018, sobre seguimiento de indicadores de exclusión social, el 21,3 % de la población está en situación de pobreza, incluyendo 86.000 personas con índice de “pobreza severa”, es decir que ingresan menos de 355 € mensuales por unidad de consumo.
Con la aprobación por el Parlament de los presupuestos de la comunidad para el año 2019, desde el uno de enero de este año se ha hecho efectiva la anulación del copago para todos los pensionistas de les IB con una renta inferior a 100.000 euros.
Desde la ADSP-IB entendemos que la decisión de anulación del copago, ha sido un gran paso, apoyamos la medida, y pensamos que debería ampliarse a los trabajadores activos, especialmente a los de rentas bajas, y para aquellas personas con escasos recursos, afectados por la “pobreza farmacéutica”, debiéndose revisar y ampliar la actual normativa que ya contempla algunas situaciones.
El derecho a la salud, a la atención sanitaria y a recibir los medicamentos que se necesitan, es un derecho humano que debe estar garantizado en nuestra sociedad. La sanidad pública está basada en el principio de solidaridad contributiva, de forma que todos pagamos a través de impuestos, y recibimos la atención sanitaria sin pagar de nuevo, cuando la enfermedad nos obliga a acudir a los servicios sanitarios. Si el paciente además de haber pagado ya sus impuestos, se ve obligado a volver a pagar en el momento del uso , paga dos veces rompiéndose el principio de solidaridad ya que paga más aquel que más utiliza la sanidad, es decir el ciudadano más enfermo. Desde la ADSP-IB creemos que la sanidad pública debe garantizar que toda persona tenga acceso a los medicamentos correctamente indicados y prescritos.
De los abusos a los precios abusivos.
Se ha argumentado que el copago buscaba reducir el consumo innecesario de medicamentos. Pero creemos que la responsabilidad del uso racional de medicamentos y la evitación de posibles abusos no debe recaer en los usuarios que son meros consumidores de aquello que se les indica por parte de los profesionales. Siendo la prescripción adecuada la estrategia correcta para evitar el sobreconsumo inducido por intereses promocionales de la industria de la salud. El copago resulta un método absolutamente injusto, ya que reduce igual el uso de la prescripción necesaria y de la supuestamente innecesaria.
El verdadero abuso por el gasto por medicamentos se produce en otro lugar y por otros motivos. Se debe a los precios extraordinariamente elevados de los nuevos medicamentos comercializados por las compañías farmacéuticas. En los últimos años se ha producido una escalada precios, sobre todo en los medicamentos hospitalarios, que se dispensan a los pacientes ingresados y también a pacientes ambulatorios con enfermedades graves que requieren tratamientos costosos. Sin embargo, nuestro sistema público de salud ofrece una cobertura completa de estos medicamentos. Son por ejemplo los medicamentos para el tratamiento del sida, la hepatitis, el cáncer, las enfermedades raras, la esclerosis múltiple y otros procesos neurológicos, enfermedades autoinmunes, etc.,…
Los precios de estos medicamentos pueden ir de 15.000 € hasta 400.000 € para un solo curso de tratamiento y muchas ocasiones se trata de tratamientos crónicos o de larga duración, o procesos oncológicos de muy alto coste. El peso de estos medicamentos en el aumento del gasto farmacéutico público es impresionante. En Baleares el total de gasto farmacéutico (hospital + receta) asciende en 2018 a aproximadamente 400 millones de €, con un incremento del gasto en medicamentos hospitalarios de unos 28 millones de € adicionales, respecto al año anterior. Este aumento del gasto de medicamentos hospitalarios en un solo año, dobla como mínimo el aumento de gasto público previsto por la anulación del copago en receta.
La industria farmacéutica impone precios abusivos gracias a la existencia de una regulación basada en patentes y derechos de propiedad, que les permite en la práctica imponer precios de monopolio. Así obtiene unos márgenes de beneficio extraordinarios en comparación con otros sectores industriales, que no se justifican, a pesar del relato que se difunde, por las inversiones realizadas en investigación.
Muchas organizaciones, sociedades científicas y ONGs, han denunciado esta situación y creado la plataforma NO es SANO para impulsar alternativas. El Servei de Salut de les IB se adhirió a las propuestas de esta plataforma, el pasado mes de septiembre.
Un excelente compromiso pero que creemos necesita concretarse en actuaciones que permitan disminuir el gasto y moderar la escalada de los precios abusivos de los medicamentos, que absorben de forma creciente los recursos de la sanidad, en detrimento de inversiones y otras partidas asistenciales necesarias para mantener un sistema de calidad.
Francesc Puigventós
Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les IB (ADSP-IB).
