Comunicado de la ADSP-IB sobre la gestión de las listas de espera

La presidenta Armengol ha visitado recientemente el Hospital Son Llàtzer, uno de nuestros hospitales públicos, en el que se está llevando a cabo una renovación tecnológica después de 16 años de su puesta en marcha. Desde la ADSP-IB celebramos esta necesaria renovación del equipamiento de algunos de nuestros hospitales públicos, pero aprovechar esta noticia para hacer creer que dicha renovación está reduciendo las listas de espera no se corresponde con la realidad.

La realidad es que la lista de espera disminuye por el tiempo extra (también llamadas peonadas) que dedican los profesionales sanitarios en hospitales públicos. Las listas de espera se merecen un verdadero plan de transformación de la actividad, porque mientras los planes estratégicos no introduzcan mejoras estructurales y organizativas, solo están siendo maquilladas en base a la continua actividad extraordinaria de los propios profesionales. Seguir realizando planes de choque solo sirve para mantener la espera de primeras visitas inferiores a 60 días, o para descender el número de pacientes que esperan más 6 meses en lista quirúrgica. Por ello, esos planes de choque dejan de serlo cuando se perpetúan como si fueran la solución, dejando de tener sentido, a no ser que se quiera jugar con la espera de la población como elemento moderador de la demanda asistencial o como arma para justificar la derivación al sector privado. En esta legislatura no se han dado hasta el momento verdaderas soluciones estructurales, organizativas o de adecuación de recursos para una gestión a largo plazo de las listas de espera.

Según lo publicado por el IB-Salut,  las cifras en las listas quirúrgicas habían disminuido en 1200 pacientes entre junio de 2014 y junio de 2017, pero 11854 pacientes seguían en espera (198 menos que hace un año, el 1,6%). En estos 2 años se han operado a los pacientes que más tiempo llevaban esperando, por lo que el tiempo de demora media ha disminuido hasta hace unos 4 meses en que está volviendo subir. Las listas de espera de primeras visitas de especialidades hospitalarias han disminuido un 50% gracias al plan de choque, pero siguen sin publicarse las listas de espera de segundas visitas, que han ido aumentando exponencialmente sin que exista plan disminuir y estabilizar las mismas. Y por supuesto, la espera para exploraciones complementarias es del todo inasumible para muchos pacientes, que ven cómo se demora su diagnóstico y tratamiento.

También se ha comunicado que se reimplantara el decreto de garantía de demora en enero del 2018, cuya finalidad es que si la espera sobrepasa los 6 meses, la persona pueda ser operada en un hospital privado, siendo el IBSalut el que corra con los gastos. Aunque el propósito de limitar la demora sea aplaudible, habiéndose operado en un año prácticamente los mismos pacientes del grupo de espera superior a 6 meses que en el año anterior (198 menos), es de suponer que en el año próximo este grupo tendrá muchas más personas, las cuales serán atendidas en el sector privado.

 Desde la ADSP-IB solicitamos que toda la información de las listas de espera (primeras, segundas, listas de espera quirúrgica, listas no estructurales y lista de exploraciones complementarias radiológicas y no radiológicas) sean públicas con absoluta transparencia, y que se desarrollen políticas estructurales y organizativas  para que en un futuro se tengan los recursos y las condiciones necesarias para que la población sea atendida por el sistema sanitario público, sin esperas injustificables y sin necesidad de derivación a centros privados.

El modelo de gestión que se espera de nuestros gestores sanitarios debe ser el de optimizar los recursos públicos para dar respuesta a la demanda sanitaria de forma costo eficiente. Rechazamos fórmulas de gestión que comparten el talento generado el sistema público para obtener beneficios empresariales que encarecen la asistencia y que desvirtúan los criterios clínicos que caracterizan la asistencia pública. La gestión de las listas de espera necesita de un plan estratégico que ajuste la demanda y los recursos, para garantizar una atención pública, y de calidad, que defienda la asistencia como un derecho para garantizar la necesaria equidad de la población.

La gestión de la sanidad pública en Baleares: ¿hacia donde nos lleva la colaboración PÚBLICO-PRIVADA?

Comunicado de la Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les IB

(ADSP-IB)

Palma, 21 de Julio de 2017

LA GESTIÓN DE LA SANIDAD PUBLICA EN BALEARES: ¿HACIA DONDE NOS LLEVA LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA?

La Sra. Patricia Gómez, consellera de sanidad de esta comunidad, en su intervención de hace un mes en un “Desayuno informativo” organizado por el “Executive Forum” y esponsorizado por las empresas Ilunion, Intersystems y Becton Dickinson declaró que apostar por la colaboración público-privada es una “fórmula que atrae el éxito”. La consellera afirmó que “es más lo que nos une que lo que nos separa”, reconociendo que “no queda más remedio” que establecer una colaboración de esta naturaleza, la cual, “a día de hoy, se hace a veces difícil por la “rigidez administrativa” (las declaraciones completas se pueden consultar en:

https://www.youtube.com/watch?v=4dR5fQh2rn4

https://www.youtube.com/watch?v=p3evCVHQQpA

La consellera de sanidad aprovechó un foro empresarial para desvelar su línea de pensamiento, la cual reconoció que quizás no esté totalmente en sintonía con la opinión de su partido (PSIB-PSOE) acerca de la colaboración público-privada. Desde nuestra posición de defensores de una sanidad pública gestionada por instituciones públicas, el análisis que hacemos acerca de la bondad de la colaboración público-privada es contrario al de la Sra. Patricia Gómez.

Los hipotéticos intereses compartidos entre ambos ámbitos que menciona la consellera quedan completamente minimizados por la diferencia radical existente entre los objetivos de la sanidad pública (maximizar el bienestar social) y los de la empresa privada (maximizar el beneficio económico). Esta diferencia de objetivos, reconocida incluso por los partidarios de esa colaboración, tan solo puede ser armonizada mediante estrictos mecanismos de control por parte de la administración pública. Estos mecanismos deben reducir la posibilidad de comportamientos oportunistas por parte del socio privado derivados de su mayor conocimiento de los costes de las infraestructuras y servicios sanitarios que se van a proveer. En contra de la opinión de la consellera, nuestra asociación aboga por una auditoria rigurosa acerca de los términos de cualquier contrato de colaboración público-privada.

A pesar de las quejas acerca de la “rigidez administrativa” manifestadas por la Sra. Patricia Gómez, lo cierto es que Baleares es una de las comunidades autónomas con un mayor nivel de privatización de la sanidad y al mismo tiempo una de las que menos gasto dedica a la sanidad pública. La gestión de la sanidad pública en las Islas Baleares en las últimas legislaturas ha sido un trasvase constante de recursos económicos sanitarios públicos a empresas del sector sanitario privado. Un ejemplo llamativo de esta tendencia es el concierto millonario subscrito por el GOIB con el sector empresarial privado (20.7 millones de euros) que hará que la asistencia de la mayoría de los pacientes en hemodiálisis se derive hacia centros privados.

Esta desinversión en el sector público vacía de una parte significativa de su contenido asistencial a los servicios de nefrología de los hospitales públicos, motivando la denuncia a la prensa de esta situación por parte de los pacientes en hemodiálisis constituidos en una “Plataforma de defensa de la diálisis en la sanidad pública”. Otro ejemplo paradigmático de la deriva hacia la concertación privada de nuestra sanidad es la concesión al mismo grupo empresarial privado de la gestión de la radioterapia en Ibiza y, próximamente, en Menorca. En estas dos islas, la forma de colaboración con las clínicas privadas adoptará la fórmula de pago por cartilla sanitaria y no por servicio realizado. Es decir, la administración pública pagará una cantidad fija, independientemente de los tratamientos que se realicen. No es difícil coincidir en que, en acuerdos como estos, son más necesarios que nunca estrictos mecanismos de control.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSPIB) alentamos a nuestros gestores sanitarios a que desarrollen políticas basadas en la defensa del derecho a la salud como principio de equidad de la población y a no seguir avanzando en la privatización. Es necesario revertir la situación en la línea de medidas como las que se están tomando en otras comunidades autónomas. Consideramos que la llamada “colaboración público-privada” nos conduce a un futuro donde lo público será sinónimo de actividad no rentable para el sector privado, con la consiguiente pérdida de eficacia de nuestro excelente sistema público salud en favor de otras opciones de las que se conocen sus negativos resultados sobre la salud de la población y sobre el aumento de gasto.