LA ADSPIB PRESENTA NUEVAS PROPUESTAS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE BALEARES (6/03/2019)

Dosier Punto 6: ÁREA DE ATENCIÓN PRIMARIA

El punto 6 del manifiesto de l´ADSPIB propone “Reforzar la Atención Primaria como eje y ordenación de la asistencia sanitaria y mejorar la coordinación entre los niveles asistenciales de atención primaria y atención especializada/hospitalaria.”

En el documento se presentan de forma detallada los ejes básicos para:

1 – Potenciar una gestión autónoma, participativa y descentralizada de los servicios de atención primaria.
2 –Incrementar la coordinación con atención especializada implantando modelos colaborativos con las metas de aumento de la capacidad de resolución en atención primaria y la reducción de las listas de espera en atención especializada.
3 – Desarrollo en todos los centros de programas de prevención y promoción de la salud fomentando la coordinación intersectorial y la participación comunitaria.
4 – Extensión de la cobertura de los servicios existentes e incremento de la cartera de servicios asistenciales en el área materno-infantil y patología del aparato locomotor.
5- Incrementar las inversiones en los centros de salud para el acceso a nuevas tecnologías y la adecuación de las instalaciones actuales.
6-Contribuir a la desmedicalización de la sociedad y a la prevención cuaternaria desarrollando la campaña “No es sano”, sumándose a las iniciativas “No hacer” y proponiendo en consulta alternativas no farmacológicas a demandas sanitarias.

CONTRA LA MEDICALIZACIÓN DE LA VIDA: ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS. La ADSP-IB plantea 3 propuestas a la sociedad

José Manuel Aranda

Miembro de l´Associació per a Defensa de la Sanitat Pública de les IB (ADSP-IB)

08/03/2019

Estamos asistiendo a una  invasión de «la medicina» en la vida cotidiana. Los profesionales lo notamos porque  situaciones hasta ahora consideradas no medicas (la muerte de un ser querido, una separación, problemas en el trabajo, la menopausia, la pubertad…) son motivo habitual de las consultas. Se está perdiendo la contención de los cuidadores y  los remedios caseros de toda la vida para problemas leves y muchas veces parece necesario que el profesional certifique que uno esta acatarrado o tiene una diarrea. Esta invasión también afecta a  los medios de comunicación y las redes sociales que se llenan de enfermedades y sus tratamientos. Aparecen «gurús» que ofrecen remedios para resolver «la enfermedad de vivir».

Es llamativo que una sociedad que vive más y donde se han erradicado las grandes plagas del pasado, tenga cada vez más personas que se sienten o se les etiqueta de enfermas y consecuentemente requieren algún tipo de tratamiento experto. A este fenómeno social le llamamos medicalización y conviene reflexionar sobre sus posibles causas y consecuencias

¿Siempre vale más prevenir que curar? Una mala lectura de la medicina preventiva (siempre vale más prevenir que curar) es una de sus causas. Si  su  ideal es el riesgo 0 (no muerte, no enfermedad, no sufrimiento) todas las personas sanas deberían ser tratadas por «expertos» como enfermos potenciales. Uno puede imaginar cómo se amplía el negocio de  quien obtenga beneficios de la enfermedad (o de los riesgos) creando  dependencia de sus productos. Es clásico el ejemplo de invención de enfermedades (por ejemplo el colesterol, la tristeza, la timidez o la menopausia), pero podría ser extensible a los alimentos-medicina, el fitness o la biotecnología. Una sociedad «en riesgo» es una sociedad asustada en busca de seguridad y dispuesta a pagar por «su salud». La prevención es uno de los grandes avances de la medicina, pero no todo es prevenible y siempre hay que valorar si es peor el remedio que la enfermedad.

Si esto se mezcla con el «todo aquí y ahora”, máxima del consumo moderno, se olvida el principio básico de la medicina: que el cuerpo humano tiene gran capacidad de autocuración… pero que ello lleva su tiempo. Cada vez esta mas lejos la imagen del médico que cuida «expectante».

Los y las profesionales han colaborado con la medicalización. Los servicios sanitarios cada vez están más fragmentados con pérdida de la visión global del ser humano, cada vez son más especializados y con menos orientación hacia la salud pública y la promoción de salud. Este es el campo que la medicalización necesita. Los médicos, bien con prácticas defensivas o directamente influidos por la industria farmacéutica, hacen cada vez más, usando pruebas diagnosticas y terapéuticas que a veces no tienen justificación y causan enfermedad. Además la práctica profesional moderna se sustenta menos en la experiencia y más en guías y protocolos que muchas veces están basados en ensayos clínicos no fiables. Sabemos de la no publicación de resultados que no benefician a los patrocinadores y del uso de metodologías sesgadas y no válidas. Es el inconveniente de dejar la investigación en manos de los grandes grupos de presión con intereses en el sector.

Son claros los perjuicios de la medicalización para la sociedad. La hiperutilización de los servicios sanitarios que cierra un círculo vicioso de más diagnósticos, más pruebas, más intervenciones, más efectos adversos: no hay límite para la intervención médica aunque siga la ley de los rendimientos decrecientes. La iatrogenia (enfermar por intervenciones medicas) es una causa importante de muerte en los países desarrollados. El gasto sanitario se dispara: si la única intervención al envejecimiento es la respuesta médica, el crecimiento de los costes públicos será insostenible (y el negocio de la industria más rentable cada vez). Crecerá la desigualdad: a las últimas tecnologías solo tendrán acceso quien pueda pagarlas.

Es paradójico que cuando se habla tanto de empoderamiento de la ciudadanía este proceso de medicalización en el fondo lo que haga sea expropiar a las personas de su salud y hacerlos cada vez más dependientes (de los servicios que pueden contratar, del dinero que se pueden gastar, de los profesionales disponibles…).

Una visión que implica la negación del sufrimiento, la frustración, el miedo, la enfermedad y la muerte como realidades humanas, lleva a la construcción de un mundo virtual no humano que ninguno deseamos, pero al que ya nos acostumbran las series de televisión.

Frente a la medicalización, la Asociación para Defensa de la Sanidad Pública de Baleares (ADSP-IB) plantea 3 propuestas a la sociedad: 

La primera va dirigida a la ciudadanía (sus instituciones, organizaciones y también sus políticos) y tiene como objetivo poner en valor la PROMOCION DE LA SALUD para afrontar los retos del futuro (envejecimiento, enfermedades del desarrollo, dependencias, accidentes y violencias, desigualdades crecientes). Es una estrategia NO SANITARIA que implica  el aumento de la actividad física, la mejora de las relaciones sociales y personales, la dieta mediterránea, el respeto al medio ambiente, equidad…Busca la AUTONOMIA Y EL EMPODERAMIENTO de las personas, la recuperación de las terapias no farmacológicas para la resolución de los problemas comunes. También busca el CONSENSO, un acuerdo entre todos para la mejora de la salud.

La segunda concierne a los profesionales y tiene como objetivo NO MEDICALIZAR SIN NECESIDAD LAS CONSULTAS SANITARIAS. Proponemos sumarse activamente a  iniciativas nacionales e internacionales cómo NO HACER  que pretende disminuir las intervenciones innecesarias, aquellas que no han demostrado eficacia, tienen escasa o dudosa efectividad o no son coste-efectivas.

La tercera es una llamada a la Administración Sanitaria para que impulse decididamente unos servicios sanitarios públicos, independientes de los grupos de presión de la industria, en todos los ámbitos asistenciales y de gestión de los servicios de salud. Basados en la ATENCION PRIMARIA DE SALUD como eje y ordenación de la asistencia sanitaria,  mejorando la coordinación entre los niveles asistenciales de atención primaria y atención especializada / hospitalaria.  Y orientados hacia los factores de mayor valor e importancia para la SALUD PUBLICA y la PROMOCION DE SALUD.

DE LO JUSTO A LO ABUSIVO – Copago y gastos farmacéuticos en IB

Publicado en Diario de Mallorca 4/02/2019

Francesc Puigventós

Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les IB (ADSP-IB).

Desde 2012 los jubilados de Baleares y del resto del estado vieron sus economías afectadas no solo por la práctica congelación de sus pensiones, sino por tener que pagar por los medicamentos recetados, debiendo abonar el 10 % del precio de los  mismos con unos máximos mensuales en función de la renta. Al mismo tiempo se estableció que este copago fuera del 40% al 60 % para los trabajadores activos.

Debido al copago, en 2017 los 189.000 pensionistas de Baleares aportaron de su bolsillo aproximadamente 10 millones de euros por los medicamentos recetados, además de asumir también el pago completo de los medicamentos excluidos de financiación en 2012 (el “medicamentazo”). La contribución del bolsillo de los pensionistas al pago de sus medicamentos ha sido esencial para moderar durante los años de crisis el aumento del gasto farmacéutico a cargo de los presupuestos de la comunidad. El gasto en recetas disminuyó de forma importante en Baleares a partir de 2012 y todavía en 2017 este gasto se mantenía inferior al de antes de su aplicación.

No obstante, este copago ha producido una gran dificultad de acceso a los medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con bajos ingresos. Muchas personas han abandonado todo o parte del tratamiento por no disponer de recursos. La última encuesta del Barómetro Sanitario publicado por el Ministerio de Sanidad, estimó que fueron cerca de 40.000, las personas de Baleares que no pudieron acceder a medicinas por falta de dinero. Muchos de ellas son jubilados y jubiladas con bajas pensiones, pero también afecta a personas de todas las edades sin recursos o con rentas muy bajas. Es lo que se ha venido en llamar la “pobreza farmacéutica”. Hay que tener en cuenta que en nuestra comunidad autónoma según el Informe EAPN de 2018, sobre seguimiento de indicadores de exclusión social, el 21,3 % de la población está en situación de pobreza, incluyendo 86.000 personas con índice de “pobreza severa”, es decir que ingresan menos de 355 € mensuales por unidad de consumo.

Con la aprobación por el Parlament de los presupuestos de la comunidad para el año 2019, desde el uno de enero de este año se ha hecho efectiva la anulación del copago para todos los pensionistas de les IB con una renta inferior a 100.000 euros.

Desde la ADSP-IB entendemos que la decisión de anulación del copago, ha sido un gran paso, apoyamos la medida, y pensamos que debería ampliarse a los trabajadores activos, especialmente a los de rentas bajas, y para aquellas personas con escasos recursos, afectados por la “pobreza farmacéutica”, debiéndose revisar y ampliar la actual normativa que ya contempla algunas situaciones.

El derecho a la salud, a la atención sanitaria y a recibir los medicamentos que se necesitan, es un derecho humano que debe estar garantizado en nuestra sociedad. La sanidad pública está basada en el principio de solidaridad contributiva, de forma que   todos pagamos a través de impuestos, y recibimos la atención sanitaria sin pagar de nuevo, cuando la enfermedad nos obliga a acudir a los servicios sanitarios. Si el paciente además de haber pagado ya sus impuestos, se ve obligado a volver a pagar en el momento del uso ,  paga dos veces rompiéndose el principio de solidaridad ya que paga más aquel que más utiliza la sanidad, es decir el ciudadano más enfermo. Desde la ADSP-IB creemos que la sanidad pública debe garantizar que toda persona tenga acceso a los medicamentos correctamente indicados y prescritos.

 

De los abusos a los precios abusivos.

Se ha argumentado que el copago buscaba reducir el consumo innecesario de medicamentos. Pero creemos que la responsabilidad del uso racional de medicamentos y la evitación de posibles abusos no debe recaer en los usuarios que son meros consumidores de aquello que se les indica por parte de los profesionales. Siendo la prescripción adecuada la estrategia correcta  para evitar el sobreconsumo inducido por intereses promocionales de la industria de la salud. El copago resulta un método absolutamente injusto, ya que reduce igual el uso de la prescripción necesaria y de la supuestamente innecesaria.

El verdadero abuso por el gasto por medicamentos se produce en otro lugar y por otros motivos. Se debe a los precios extraordinariamente elevados de los nuevos medicamentos comercializados por las compañías farmacéuticas. En los últimos años se ha producido una escalada precios, sobre todo en los medicamentos hospitalarios, que se dispensan a los pacientes ingresados y también a pacientes ambulatorios con enfermedades graves que requieren tratamientos costosos. Sin embargo, nuestro sistema público de salud ofrece una cobertura completa de estos medicamentos. Son por ejemplo  los medicamentos para el tratamiento del sida, la hepatitis, el cáncer, las enfermedades raras, la esclerosis múltiple y otros procesos neurológicos,  enfermedades autoinmunes, etc.,…

Los precios de estos medicamentos pueden ir de 15.000 € hasta 400.000 € para un solo curso de tratamiento y muchas ocasiones se trata de tratamientos crónicos o de larga duración, o procesos oncológicos de muy alto coste. El peso de estos medicamentos en el aumento del gasto farmacéutico público es impresionante. En Baleares el total de gasto farmacéutico (hospital + receta) asciende en 2018 a aproximadamente 400 millones de €, con un incremento del gasto en medicamentos hospitalarios de unos 28 millones de € adicionales, respecto al año anterior.  Este aumento del gasto de medicamentos hospitalarios en un solo año, dobla como mínimo el aumento de gasto público previsto por la anulación del copago en receta.

La industria farmacéutica impone precios abusivos gracias a la existencia de una regulación basada en patentes y derechos de propiedad, que les permite en la práctica imponer precios de monopolio. Así obtiene unos márgenes de beneficio extraordinarios en comparación con otros sectores industriales, que no se justifican, a pesar del relato que se difunde, por las inversiones realizadas en investigación.

Muchas organizaciones, sociedades científicas y ONGs, han denunciado esta situación y creado la plataforma NO es SANO para impulsar alternativas. El  Servei de Salut de les IB se adhirió a las propuestas de esta plataforma,  el pasado mes de septiembre.

Un excelente compromiso pero que creemos necesita concretarse en actuaciones que permitan disminuir el gasto y moderar la escalada de los precios abusivos de los medicamentos, que absorben de forma creciente los recursos de la sanidad, en detrimento de inversiones y otras partidas asistenciales necesarias para mantener un sistema de calidad.

Francesc Puigventós

Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les IB (ADSP-IB).

 

Dosier Informativo 4

En el “Dosier Informativo 4” se presenta una actualización y análisis de los datos del proyecto de presupuestos de sanidad de Baleares 2019 y las propuestas de la ADSP-IB sobre el mismo.

Listas de espera. El Decreto de Demora no es la solución

Lista de espera en la sanidad de Baleares; el decreto de Garantía de Demora no es la solución.

Comunicado de l´Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les IB (ADSPIB).
Palma, 17/10/2018.

Desde la ADSP-IB queremos manifestar nuestra sorpresa, al tiempo que nuestra más firme oposición, a la anunciada aprobación del decreto de demora como solución a las injustificables listas de esperas que los usuarios de la sanidad pública inexplicablemente deben soportar. Desde nuestra asociación siempre hemos defendido que cualquier medida que no fuese estructural, es decir, encaminada a la mejora de los recursos propios para atender la actividad, es una pérdida de tiempo y un despilfarro de los recursos públicos, que los políticos y gestores deben gestionar para resolver con eficiencia los problemas de la ciudadanía.

Hace 2 años comenzó un plan de choque contra la lista de espera que se dijo que iba a costar 14 millones de euros y cuyo objetivo principal era reducir a cero el número de personas que esperan más de seis meses para una intervención quirúrgica o más de dos meses para una consulta (nota de prensa del Servei de Salut 20/10/16). Han pasado 2 años y hay el mismo número de personas esperando una intervención quirúrgica (13.587 pacientes con una demora media de 84,2 días) y casi 900 personas esperando más de 6 meses. Es cierto que se ha conseguido disminuir la demora media, ya que entonces había 2800 pacientes esperando más de 6 meses; sin embargo, no se ha conseguido disminuir el número total de personas en la lista de espera. La ADSP-IB hizo un comunicado hace un año anticipando que las listas no disminuían y que estaba volviendo a subir la demora (http://adspillesbalears.org/2017/07/comunicado-de-la-adsp-ib-sobre-la-gestion-de-las-listas-de-espera/)

Siempre hemos manifestado que las mal llamadas peonadas de profesionales para solventar las listas de espera es una medida llena de perversiones y sin ninguna garantía de éxito, como ha quedado otra vez demostrado después de estos tres años de aplicación, en los que a pesar de la inversión de una gran cantidad de recursos y presupuesto, esta medida ha resultado nuevamente infructuosa. Para empeorar las cosas, y llegados al final de la legislatura, se decide relanzar el famoso decreto de demora. Esta medida no supone otra cosa que transferir la actividad que debería realizarse en la sanidad pública a la sanidad privada, lo que conduce a un continuo de conflicto de intereses, tanto por parte de los gestores que alternan la gestión pública con la privada, como de los profesionales que trabajan en la sanidad pública al tiempo que mantienen grandes intereses en la sanidad privada.

La solución no es seguir gastando en nuevos planes de choque ni aplicar un decreto de garantía de demora para derivar a los pacientes a hospitales privados, porque eso ya se ha probado y, previsiblemente, dentro de 2 años la situación será igual o peor.

Entendemos que la provisión pública de los servicios sanitarios debe realizarse en los centros sanitarios públicos, y que los presupuestos públicos deben ser invertidos y gastados en servicios públicos. El decreto de garantía de demora hace todo lo contrario. En lugar de contratar más personal y ampliar el uso de los recursos públicos, se opta por subcontratar a empresas privadas para que hagan un trabajo que la sanidad pública no puede, no sabe o no quiere solucionar. La aplicación de estas políticas no hará sino seguir aumentando los conciertos público-privados y la derivación de la provisión de servicios públicos a manos privadas, cuyo presupuesto en servicios asistenciales de atención especializada prestados por terceros aumentó en un 22 % el año pasado.

Las listas de espera se merecen un verdadero plan de transformación de la actividad, porque mientras los planes estratégicos no introduzcan mejoras estructurales y organizativas, estas solo están siendo maquilladas en base a la continua actividad extraordinaria de los propios profesionales. En esta legislatura no se ha presentado, hasta el momento, un proyecto de adecuación de recursos para una gestión a largo plazo de las listas de espera, imprescindible para generar las condiciones necesarias para que la población sea atendida por el sistema sanitario público.

Creemos que para conseguir una gestión más eficaz de las listas de espera, debe promulgarse una normativa sobre incompatibilidades que imposibilite la actividad de gestión en un hospital público con la actividad en un hospital privado. Hay que evitar que los profesionales de la sanidad pública concurran en conflictos de intereses gestionando un servicio que genera listas de espera, que van a ser resueltas por otros servicios de los que también reciben emolumentos por la misma actividad.

Además, deberían darse a conocer los datos sobre la distribución por especialidades, servicios y hospitales de los pacientes en la lista de espera. Ésta sería una forma de conocer la eficacia de la gestión clínica de los servicios implicados y ayudaría a decidir las medidas correctoras a tomar.

La solución al problema de las listas de espera debe venir de la mano de la innovación en la gestión, de un detallado análisis de la situación y del compromiso de los profesionales con la empresa pública para la que trabajan, con los usuarios a los que atienden y con la mejora de la calidad del servicio público.

La ADSP-IB presenta propuestas detalladas de política de medicamentos para Baleares (12/10/2018)

Tres dosiers con las propuestas del manifiesto de la ADSP-IB, en relación a medicamento y la tecnología sanitaria. Para su incorporación a los presupuestos del Servei de Salut y la Conselleria:

  • Punto 8: ÁREA DE FORMACIÓN Y DOCENCIA.
  • Punto 9: ÁREA DE EVALUACIÓN Y USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO.
  • Punto 10: ÁREA DE PRECIOS DE MEDICAMENTO Y GASTO FARMACÉUTICO.

CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES A LA CAMPAÑA “NO ES SANO”

Este 18 de Septiembre tiene lugar el acto de firma de adhesión del Servei de Salut de les Illes Baleares (Ib-Salut) a la iniciativa y el manifiesto “NO ES SANO“, evento que se formaliza en la sede del Institut Menorquí d´Estudis de Maó.

La adhesión del Ib-salut se acompaña de la firma de un Convenio Marco para la difusión de los principios de “NO ES SANO” y el desarrollo de programas específicos que serán supervisados por una comisión mixta de seguimiento.

Desde la ADSP-IB celebramos el compromiso del Ib-Salut con esta iniciativa. Nuestra asociación participa en la mesa de presentación del mismo y en el futuro desarrollo de los programas y convenios sobre temas específicos, que establece el convenio marco que ahora se firma. Estamos presentes junto a organizaciones de ámbito estatal como “Salud por Derecho”, “Plataforma No gracias”, “Médicos del Mundo”, “Asociación por un acceso justo al medicamento” y la “Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria SESPAS”.

La adhesión del Ib-Salut a los principios de NO ES SANO, abre un camino para avanzar en temas tan importantes como la transparencia, el tratamiento de los conflictos de interés y las alternativas de I+D en Baleares.

“NO ES SANO” es una iniciativa impulsada por varias organizaciones de la sociedad civil preocupadas por los altos precios de los medicamentos, la opacidad de las negociaciones y el acceso de las innovaciones al paciente. En la misma participan organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales y asociaciones científico-profesionales, que reclaman una reforma del sistema de innovación de los medicamentos para que se garantice el derecho a la salud y el acceso de la ciudadanía a los fármacos a un precio asequible. Se reivindica garantizar la transparencia en todo el sistema de investigación, autorización, fijación de precios y acceso a los medicamentos. Con atención especial a los conflictos de interés de las personas que intervienen en la regulación y el precio de los medicamentos. Y se plantea alternativas para que el desarrollo de la innovación en salud, no dependa solo de las patentes ni de los derechos de propiedad como incentivos a la investigación y el modelo de negocio. Ver anexo manifiesto completo (2)

La ADSP-IB ha dado su apoyo a los principios de la iniciativa “NO ES SANO” y ha participado en la difusión de la misma en Baleares desde su creación y en actos como el del pasado mes de febrero en Palma (3). En el manifiesto de la ADSP-IB se expone la necesidad de “Desarrollar iniciativas del sistema de salud para garantizar una negociación justa, equitativa y transparente de los precios de los medicamentos, los dispositivos y la tecnología sanitaria, evitando los precios abusivos de los mismos” (4).

Actualmente, la ADSP-IB está elaborando proyectos para orientar medidas de mejora en tres áreas: 1) Precios de medicamentos y gasto farmacéutico. 2) Evaluación y uso racional. 3) Docencia y Formación a los profesionales independiente de la industria farmacéutica. Informes de próxima publicación donde se desarrollan propuestas concretas de política farmacéutica, alineados con los principios de No es sano y que creemos serán de utilidad para mantener y mejorar nuestro sistema público de salud.

No debemos olvidar que los elevados precios de los medicamentos y el importante gasto destinado a cubrir los productos farmacéuticos, es un tema preocupante en nuestro sistema de salud. En Baleares, el gasto público en farmacia y productos sanitarios se incrementó entre 2014 y 2017, un 21,4 %. El gasto global se estima superará los 500 millones de € al finalizar el presente año 2018, con un aumento de casi 50 millones de € adicionales respecto a 2017 (+ 10,6 % en el primer semestre) (5). Este gasto absorbe buena parte de los recursos necesarios para otras áreas del Ib-Salut. (por ejemplo, el aumento de 50 millones € en medicamentos por si solo, supera ampliamente el presupuesto total anual del capítulo de inversiones del Ib-Salut, que es de 34 millones de € en 2018).

(1) Mesa redonda: Iniciativa NO ES SANO: por un acceso equitativo y saludable a los medicamentos. http://www.emsp.cime.es/Contingut.aspx?idpub=1682
(2) No es sano. Campaña para sanear el modelo de innovación de los medicamentos http://noessano.org/es/wp-content/uploads/2018/07/manifiesto_noessano.pdf
(3) La alianza “No es sano” exige sanear el modelo de innovación de los medicamentos. Feb 2018. http://adspillesbalears.org/es/2018/02/la-alianza-no-es-sano-exige-sanear-el-modelo-de-innovacion-de-los-medicamentos/
(4) Manifiesto de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de las Islas Baleares. Feb 2017. http://adspillesbalears.org/es/manifiesto-adsp-illes-balears/
(5) Indicadores del gasto Farmacéutico. Ministerio de Hacienda
http://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx

 

 

¿PARA QUIEN TRABAJA LA CONSELLERIA DE SALUT DE LAS ISLAS BALEARES?

Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les IB (ADSP-IB)
22/06/2018

Las propuestas políticas que Carmen Montón, del PSOE y actual ministra de sanidad, expuestas durante los días transcurridos en el ministerio, así como las iniciativas desarrolladas durante su etapa en la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana, muestran que tiene una visión amplia y solidaria del contenido y de las finalidades de la gestión de la sanidad pública.

Por el contrario, en Baleares, nuestra Conselleria  sigue presentando eventos y jornadas en entornos avalados por empresas de la industria farmacéutica y la tecnología sanitaria, de dudoso valor estratégico para la salud de la población. El año pasado ya lo exponíamos  en un artículo en el que valoramos un encuentro similar con empresas privadas. (http://adspillesbalears.org/2017/07/la-gestion-de-la-sanidad-publica-en-baleares-hacia-donde-nos-lleva-la-colaboracion-publico-privada/)

De nuevo, el pasado día 11 de junio, se celebró en Palma una jornada de título “Innovación para una sanidad basada en el valor”, con la participación de varios de los actuales gestores de la sanidad pública y privada de Mallorca patrocinados por Celgene y Philips. Una empresa productora de fármacos principalmente del área oncológica y otra de tecnología del diagnóstico y de las comunicaciones entre los profesionales. Evento difundido y publicado ampliamente por el Diario de Mallorca. (https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/06/12/govern-queremos-lograr-modelo-universal/1321584.html)

Según lo publicado, en la jornada se manifestó que la innovación es un derecho para el paciente y un deber para el profesional, que hay que encontrar el equilibrio entre innovación, solvencia y sostenibilidad, que se tiene que cambiar el concepto de gasto por el de inversión (el dinero público no se quieren gastar, se quieren invertir). Desde hace unos años cuando se habla de solvencia y sostenibilidad del sistema sanitario es frecuente encontrar argumentos interesados contra la rentabilidad y sostenibilidad de la sanidad pública y así apoyar a privatizar una parte del sistema sanitario. De hecho los últimos tres años, en las Islas Baleares se han externalizado o privatizado sectores como esterilización, hemodiálisis, radioterapia, fisioterapia a domicilio, hospitalización a domicilio, además de todos los servicios no sanitarios de hospital, como el servicio de mantenimiento de Son Espases. Un claro ejemplo de decisiones erróneas en esta línea es el caso del ecógrafo para ginecología en Menorca que ha sido concertado con un hospital privado, en lugar de plantear su inmediata adquisición por el sistema público.

El lenguaje que se ha utilizado en esta jornada influye profundamente en la forma como se quiere trabajar y orienta hacia donde se quieren hacer ir las inversiones. No creemos que  esta jornada se haya orientado a la mejora de la salud de la ciudadanía, sino más bien a promover la mejora del valor de las acciones de las empresas que buscan estos mercados.

Desde la ADSP-IB, tal como exponemos a nuestro manifiesto (http://adspillesbalears.org/ )) creemos necesario que el sistema de salud disponga de una “Dotación suficiente para mejorar los recursos y estructuras técnicas de la sanidad pública, dirigidas a la evaluación de medicamentos, material, dispositivos y tecnología sanitaria, y a la promoción de su uso racional con criterios de eficiencia, potenciando la docencia, la gestión del conocimiento científico y la investigación en el área del medicamento y la tecnología sanitaria, con recursos del sistema público de salud, con independencia de la industria farmacéutica y tecnológica”.

Para conseguir que la verdadera innovación pueda llegar al paciente y que el sistema sea sostenible, es necesario que los productos tecnológicos que comercializa la industria, sean sometidos a una evaluación independiente y transparente, con el objetivo de determinar el valor terapéutico real que aportan y sus costes razonables. Esta evaluación tiene que ser realizada por expertos propios de los servicios de salud y alejados de conflictos de interés.

Por esta razón creemos que la vía no es confiar en la colaboración público-privada, ni realizar jornadas promocionales y periodísticas como la mencionada, ni tampoco acordar proyectos cooperativos orientados a promover la incorporación de tecnología de dudoso valor a precios exorbitantes. No nos parece una buena opción estimular la participación de los profesionales del sistema público en proyectos de investigación que finalmente sirven para producir patentes y garantizar derechos de comercialización a las empresas promotoras privadas.

Seguir este camino nos lleva en una dirección contraria a la deseable y pone en riesgo la sostenibilidad del SNS, al asumir un gasto sanitario público en tecnología y medicamentos disparada. (El gasto en farmacia y productos sanitarios en Baleares se incrementó entre 2014 y 2017, un 21,4 % y en el primer trimestre de 2018 ya ha aumentado un 14% adicional).

La ADSP-IB propone otro camino, expresado en el manifiesto “NO es SANO”, que se presentó en Palma el pasado mes de febrero, donde se exponen los puntos esenciales para la toma de decisiones transparente, y las medidas a tomar por el SNS para una investigación orientada a la verdadera innovación, al valor aportado al paciente, a su accesibilidad, y a garantizar la sostenibilidad del sistema público: (http://noessano.org/es/wp-content/uploads/2018/06/Manifiesto_NoesSano.pdf )

Cuando se propuso hace dos años la facultad de medicina, se decía que si no había facultad no había reconocimiento por parte del “Instituto de Salud Carlos III”. Ahora hay facultad de medicina y Unidad de Innovación y esperamos que proyectos cooperativos avalados por el ”Instituto de Salud Carlos III”. Pero, resulta que desde el año 2012 (Real decreto 345/2012), este Instituto ya no depende orgánicamente del Ministerio de Sanidad, ahora depende del Ministerio de Economía y Competitividad (actual Economía y Empresa). Desde aquí reclamamos la necesidad de contar con Institutos y plataformas públicas que promuevan una investigación independiente y de calidad o si procede colaborativas en condiciones de transparencia con la industria.

Como conclusión:

Solicitamos que la Conselleria trabaje con la industria en la resolución de auténticos problemas de salud, alejada de la fascinación tecnológica que nos acerca a actividades de escasa rentabilidad en términos de mejora global de la salud de nuestros ciudadanos. En definitiva, queremos una Conselleria de Sanidad que trabaje para el Ministerio de Sanidad y no para el Ministerio de Economía y Competitividad y/o Empresa.

La lengua como falso argumento para defender la sanidad pública

Conviene, una vez más , empezar por el principio, tal como dice Miguel Lázaro, presidente del SIMEBAL (Sindicato Médico Baleares), en un artículo publicado el 18 de enero pasado en el diario digital Mallorcadiario.com donde celebra la extensión a Mallorca de la organización “Mos Movem, Nos Movemos, Let’s go”, y dejar claro que el objetivo de este movimiento nacido en Menorca no es defender la sanidad pública, a sus profesionales, o la cultura y a los ciudadanos de las Islas Baleares, sino oponerse al decreto sobre exigencia de conocimiento de la lengua catalana al personal estatutario del IB-Salud. Probablemente el autor del artículo se debería sentir avergonzado por las auténticas motivaciones de la plataforma, expuestas bien claramente en el mismo diario digital, y muy bien explicadas en un revelador artículo publicado a ELMundo el día 14 de enero sobre las organizaciones que le apoyan; «luchar contra el requisito del catalán en la sanidad pública de las Baleares y en contra de la «catalanización» de las islas, precisando que «en las islas, no se habla catalán, sino mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense», ya que las disfraza de defensa de la sanidad pública. Parece obvio que, a diferencia de lo que expone Miguel Lázaro en su artículo, «Mos Movem» es un movimiento cargado de ideología política, que desprende una catalanofobia, difícil de entender –tanto los motivos de esta organización como el entusiasmo de Miguel Lázaro- sin tener presentes los acontecimientos que han tenido lugar recientemente en Cataluña.

Aun así, es oportuno preguntarse si el decreto que exige tener conocimientos de catalán al personal del IB-Salud atenta realmente contra la sanidad pública. La respuesta parece obvia: conocer las dos lenguas oficiales de nuestra comunidad no puede conducir a que la calidad de la atención dispensada por los trabajadores sanitarios se degrade. Al contrario, ser capaz de atender a un ciudadano de las Islas con independencia de que se exprese en castellano o en catalán no puede hacer más que mejorar la asistencia sanitaria. Los integrantes de «Mos Movem» dicen que «Los idiomas no salvan vidas» cuando realmente es al contrario. En una situación de extrema gravedad, ser competente lingüísticamente en catalán podría, efectivamente, contribuir a salvar una vida. La plataforma proclama, con convicción, que la sanidad no tiene que tener fronteras lingüísticas. El objetivo del decreto es, justamente, suprimir una de estas fronteras. Sin embargo y por fortuna, la asistencia sanitaria no se reduce a situaciones de vida o muerte. La mayor parte de la atención se hace a enfermos crónicos, muchos de ellos de edad avanzada y casi monolingües, tanto en castellano como en catalán. Poder entender, y desear hablar, con estos enfermos en su lengua indudablemente mejora la atención sanitaria.

Tal como reconoce el borrador del llamado «decreto del catalán», la sanidad balear sufre un déficit crónico de profesionales sanitarios. En ningún caso, un puesto de trabajo en la sanidad pública tendría que quedar sin cubrir por razones lingüísticas. Cualquier administración que no garantizara este punto estaría poniendo en peligro la salud de la población. No obstante, esta grave actuación no se puede imputar al actual gobierno. El borrador del decreto establece claramente que la convocatoria de plazas puede eximir del conocimiento de catalán a los aspirantes si se prevé una falta o insuficiencia de profesionales. Siguiendo el hilo argumental de Miguel Lázaro, cualquier procedimiento de selección en una convocatoria de trabajo público vulneraría el derecho a la igualdad al acceso laboral, puesto que el proceso de selección justamente intenta identificar las desigualdades existentes entre los aspirantes con el fin de escoger a los que mejor atención puedan dar a la población. A igualdad con el resto de los otros requisitos propios de la plaza del trabajo a ocupar, el conocimiento del catalán aumenta la calidad del servicio a la población ofrecido por el trabajador público.

Entonces ¿cuál es el problema real que tiene esta organización y sus simpatizantes; como la organización «Hazte oír» promotora de campañas ultra-conservadoras, con el decreto del catalán? ¿Que es lo que les ha movido a manifestarse con el apoyo de sus tutores mediáticos? Claramente son las razones que Miguel Lázaro rechaza rápidamente como «falacias argumentativas de segundo orden» las que, en definitiva, se resumen en la incapacidad para entender que en las Islas Baleares una parte significativa de la población tiene como lengua materna el catalán (en cualquiera de sus variantes isleñas) y que tiene el derecho y que desea poder utilizar esta lengua dentro de la sanidad pública. La iniciativa legislativa que intenta garantizar este derecho ha topado con la reacción de aquellos que son tolerantes con el catalán siempre que no salga excesivamente del ámbito familiar. Este pensamiento está representado en nuestro parlamento por dos fuerzas políticas, el PP y Ciudadanos.

Respetamos el que un grupo de ciudadanos como el que representa la plataforma «Mos Movemos» se organicen para luchar contra una legislación que consideran que vulnera su derechos, pero lo que no es aceptable es confundir al resto de la población afirmando que esta legislación – el llamado «decreto del catalán» – atenta contra la sanidad pública. Desgraciadamente, la sanidad pública, aquí y en el resto del estado, está amenazada por graves peligros, como son las listas de espera, la privatización de la sanidad, el excesivo precio de los medicamentos o la saturación de los servicios de urgencias, entre otros. Estos peligros han sido denunciados por «la Asociación en defensa de la sanidad pública de las Islas Baleares (ADSP-IB)» y, recientemente, por la «Plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública». Ninguna de estas iniciativas ha merecido el interés de Miguel Lázaro o de los medios afines a su postura ideológica. No hay ninguna mención a la lengua en el manifiesto fundador de estas asociaciones. La lengua no debe ser motivo de conflicto en la sanidad pública. Las Islas Baleares no se convertirán en una tierra «autista, paranoide, impredecible, miedosa y egoísta», en palabras de Miguel Lázaro, porque se intente garantizar que un ciudadano sea atendido por un profesional sanitario si decide utilizar el catalán. Los ciudadanos de las Islas Baleares hemos demostrado con creces tolerancia hacia aquellos que desconocen nuestra lengua y esto no cambiará en el futuro. Sin embargo, esto no es incompatible con avanzar hacia un reconocimiento pleno de los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes.
Así, nadie tiene motivos para sentirse «derrotado». Nadie tendría que buscar victorias.

Comunicado de la ADSP-IB sobre la gestión de las listas de espera

La presidenta Armengol ha visitado recientemente el Hospital Son Llàtzer, uno de nuestros hospitales públicos, en el que se está llevando a cabo una renovación tecnológica después de 16 años de su puesta en marcha. Desde la ADSP-IB celebramos esta necesaria renovación del equipamiento de algunos de nuestros hospitales públicos, pero aprovechar esta noticia para hacer creer que dicha renovación está reduciendo las listas de espera no se corresponde con la realidad.

La realidad es que la lista de espera disminuye por el tiempo extra (también llamadas peonadas) que dedican los profesionales sanitarios en hospitales públicos. Las listas de espera se merecen un verdadero plan de transformación de la actividad, porque mientras los planes estratégicos no introduzcan mejoras estructurales y organizativas, solo están siendo maquilladas en base a la continua actividad extraordinaria de los propios profesionales. Seguir realizando planes de choque solo sirve para mantener la espera de primeras visitas inferiores a 60 días, o para descender el número de pacientes que esperan más 6 meses en lista quirúrgica. Por ello, esos planes de choque dejan de serlo cuando se perpetúan como si fueran la solución, dejando de tener sentido, a no ser que se quiera jugar con la espera de la población como elemento moderador de la demanda asistencial o como arma para justificar la derivación al sector privado. En esta legislatura no se han dado hasta el momento verdaderas soluciones estructurales, organizativas o de adecuación de recursos para una gestión a largo plazo de las listas de espera.

Según lo publicado por el IB-Salut,  las cifras en las listas quirúrgicas habían disminuido en 1200 pacientes entre junio de 2014 y junio de 2017, pero 11854 pacientes seguían en espera (198 menos que hace un año, el 1,6%). En estos 2 años se han operado a los pacientes que más tiempo llevaban esperando, por lo que el tiempo de demora media ha disminuido hasta hace unos 4 meses en que está volviendo subir. Las listas de espera de primeras visitas de especialidades hospitalarias han disminuido un 50% gracias al plan de choque, pero siguen sin publicarse las listas de espera de segundas visitas, que han ido aumentando exponencialmente sin que exista plan disminuir y estabilizar las mismas. Y por supuesto, la espera para exploraciones complementarias es del todo inasumible para muchos pacientes, que ven cómo se demora su diagnóstico y tratamiento.

También se ha comunicado que se reimplantara el decreto de garantía de demora en enero del 2018, cuya finalidad es que si la espera sobrepasa los 6 meses, la persona pueda ser operada en un hospital privado, siendo el IBSalut el que corra con los gastos. Aunque el propósito de limitar la demora sea aplaudible, habiéndose operado en un año prácticamente los mismos pacientes del grupo de espera superior a 6 meses que en el año anterior (198 menos), es de suponer que en el año próximo este grupo tendrá muchas más personas, las cuales serán atendidas en el sector privado.

 Desde la ADSP-IB solicitamos que toda la información de las listas de espera (primeras, segundas, listas de espera quirúrgica, listas no estructurales y lista de exploraciones complementarias radiológicas y no radiológicas) sean públicas con absoluta transparencia, y que se desarrollen políticas estructurales y organizativas  para que en un futuro se tengan los recursos y las condiciones necesarias para que la población sea atendida por el sistema sanitario público, sin esperas injustificables y sin necesidad de derivación a centros privados.

El modelo de gestión que se espera de nuestros gestores sanitarios debe ser el de optimizar los recursos públicos para dar respuesta a la demanda sanitaria de forma costo eficiente. Rechazamos fórmulas de gestión que comparten el talento generado el sistema público para obtener beneficios empresariales que encarecen la asistencia y que desvirtúan los criterios clínicos que caracterizan la asistencia pública. La gestión de las listas de espera necesita de un plan estratégico que ajuste la demanda y los recursos, para garantizar una atención pública, y de calidad, que defienda la asistencia como un derecho para garantizar la necesaria equidad de la población.