Dosier Informativo 4

En el “Dosier Informativo 4” se presenta una actualización y análisis de los datos del proyecto de presupuestos de sanidad de Baleares 2019 y las propuestas de la ADSP-IB sobre el mismo.

Listas de espera. El Decreto de Demora no es la solución

Lista de espera en la sanidad de Baleares; el decreto de Garantía de Demora no es la solución.

Comunicado de l´Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les IB (ADSPIB).
Palma, 17/10/2018.

Desde la ADSP-IB queremos manifestar nuestra sorpresa, al tiempo que nuestra más firme oposición, a la anunciada aprobación del decreto de demora como solución a las injustificables listas de esperas que los usuarios de la sanidad pública inexplicablemente deben soportar. Desde nuestra asociación siempre hemos defendido que cualquier medida que no fuese estructural, es decir, encaminada a la mejora de los recursos propios para atender la actividad, es una pérdida de tiempo y un despilfarro de los recursos públicos, que los políticos y gestores deben gestionar para resolver con eficiencia los problemas de la ciudadanía.

Hace 2 años comenzó un plan de choque contra la lista de espera que se dijo que iba a costar 14 millones de euros y cuyo objetivo principal era reducir a cero el número de personas que esperan más de seis meses para una intervención quirúrgica o más de dos meses para una consulta (nota de prensa del Servei de Salut 20/10/16). Han pasado 2 años y hay el mismo número de personas esperando una intervención quirúrgica (13.587 pacientes con una demora media de 84,2 días) y casi 900 personas esperando más de 6 meses. Es cierto que se ha conseguido disminuir la demora media, ya que entonces había 2800 pacientes esperando más de 6 meses; sin embargo, no se ha conseguido disminuir el número total de personas en la lista de espera. La ADSP-IB hizo un comunicado hace un año anticipando que las listas no disminuían y que estaba volviendo a subir la demora (http://adspillesbalears.org/2017/07/comunicado-de-la-adsp-ib-sobre-la-gestion-de-las-listas-de-espera/)

Siempre hemos manifestado que las mal llamadas peonadas de profesionales para solventar las listas de espera es una medida llena de perversiones y sin ninguna garantía de éxito, como ha quedado otra vez demostrado después de estos tres años de aplicación, en los que a pesar de la inversión de una gran cantidad de recursos y presupuesto, esta medida ha resultado nuevamente infructuosa. Para empeorar las cosas, y llegados al final de la legislatura, se decide relanzar el famoso decreto de demora. Esta medida no supone otra cosa que transferir la actividad que debería realizarse en la sanidad pública a la sanidad privada, lo que conduce a un continuo de conflicto de intereses, tanto por parte de los gestores que alternan la gestión pública con la privada, como de los profesionales que trabajan en la sanidad pública al tiempo que mantienen grandes intereses en la sanidad privada.

La solución no es seguir gastando en nuevos planes de choque ni aplicar un decreto de garantía de demora para derivar a los pacientes a hospitales privados, porque eso ya se ha probado y, previsiblemente, dentro de 2 años la situación será igual o peor.

Entendemos que la provisión pública de los servicios sanitarios debe realizarse en los centros sanitarios públicos, y que los presupuestos públicos deben ser invertidos y gastados en servicios públicos. El decreto de garantía de demora hace todo lo contrario. En lugar de contratar más personal y ampliar el uso de los recursos públicos, se opta por subcontratar a empresas privadas para que hagan un trabajo que la sanidad pública no puede, no sabe o no quiere solucionar. La aplicación de estas políticas no hará sino seguir aumentando los conciertos público-privados y la derivación de la provisión de servicios públicos a manos privadas, cuyo presupuesto en servicios asistenciales de atención especializada prestados por terceros aumentó en un 22 % el año pasado.

Las listas de espera se merecen un verdadero plan de transformación de la actividad, porque mientras los planes estratégicos no introduzcan mejoras estructurales y organizativas, estas solo están siendo maquilladas en base a la continua actividad extraordinaria de los propios profesionales. En esta legislatura no se ha presentado, hasta el momento, un proyecto de adecuación de recursos para una gestión a largo plazo de las listas de espera, imprescindible para generar las condiciones necesarias para que la población sea atendida por el sistema sanitario público.

Creemos que para conseguir una gestión más eficaz de las listas de espera, debe promulgarse una normativa sobre incompatibilidades que imposibilite la actividad de gestión en un hospital público con la actividad en un hospital privado. Hay que evitar que los profesionales de la sanidad pública concurran en conflictos de intereses gestionando un servicio que genera listas de espera, que van a ser resueltas por otros servicios de los que también reciben emolumentos por la misma actividad.

Además, deberían darse a conocer los datos sobre la distribución por especialidades, servicios y hospitales de los pacientes en la lista de espera. Ésta sería una forma de conocer la eficacia de la gestión clínica de los servicios implicados y ayudaría a decidir las medidas correctoras a tomar.

La solución al problema de las listas de espera debe venir de la mano de la innovación en la gestión, de un detallado análisis de la situación y del compromiso de los profesionales con la empresa pública para la que trabajan, con los usuarios a los que atienden y con la mejora de la calidad del servicio público.

La ADSP-IB presenta propuestas detalladas de política de medicamentos para Baleares (12/10/2018)

Tres dosiers con las propuestas del manifiesto de la ADSP-IB, en relación a medicamento y la tecnología sanitaria. Para su incorporación a los presupuestos del Servei de Salut y la Conselleria:

  • Punto 8: ÁREA DE FORMACIÓN Y DOCENCIA.
  • Punto 9: ÁREA DE EVALUACIÓN Y USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO.
  • Punto 10: ÁREA DE PRECIOS DE MEDICAMENTO Y GASTO FARMACÉUTICO.

CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES A LA CAMPAÑA “NO ES SANO”

Este 18 de Septiembre tiene lugar el acto de firma de adhesión del Servei de Salut de les Illes Baleares (Ib-Salut) a la iniciativa y el manifiesto “NO ES SANO“, evento que se formaliza en la sede del Institut Menorquí d´Estudis de Maó.

La adhesión del Ib-salut se acompaña de la firma de un Convenio Marco para la difusión de los principios de “NO ES SANO” y el desarrollo de programas específicos que serán supervisados por una comisión mixta de seguimiento.

Desde la ADSP-IB celebramos el compromiso del Ib-Salut con esta iniciativa. Nuestra asociación participa en la mesa de presentación del mismo y en el futuro desarrollo de los programas y convenios sobre temas específicos, que establece el convenio marco que ahora se firma. Estamos presentes junto a organizaciones de ámbito estatal como “Salud por Derecho”, “Plataforma No gracias”, “Médicos del Mundo”, “Asociación por un acceso justo al medicamento” y la “Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria SESPAS”.

La adhesión del Ib-Salut a los principios de NO ES SANO, abre un camino para avanzar en temas tan importantes como la transparencia, el tratamiento de los conflictos de interés y las alternativas de I+D en Baleares.

“NO ES SANO” es una iniciativa impulsada por varias organizaciones de la sociedad civil preocupadas por los altos precios de los medicamentos, la opacidad de las negociaciones y el acceso de las innovaciones al paciente. En la misma participan organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales y asociaciones científico-profesionales, que reclaman una reforma del sistema de innovación de los medicamentos para que se garantice el derecho a la salud y el acceso de la ciudadanía a los fármacos a un precio asequible. Se reivindica garantizar la transparencia en todo el sistema de investigación, autorización, fijación de precios y acceso a los medicamentos. Con atención especial a los conflictos de interés de las personas que intervienen en la regulación y el precio de los medicamentos. Y se plantea alternativas para que el desarrollo de la innovación en salud, no dependa solo de las patentes ni de los derechos de propiedad como incentivos a la investigación y el modelo de negocio. Ver anexo manifiesto completo (2)

La ADSP-IB ha dado su apoyo a los principios de la iniciativa “NO ES SANO” y ha participado en la difusión de la misma en Baleares desde su creación y en actos como el del pasado mes de febrero en Palma (3). En el manifiesto de la ADSP-IB se expone la necesidad de “Desarrollar iniciativas del sistema de salud para garantizar una negociación justa, equitativa y transparente de los precios de los medicamentos, los dispositivos y la tecnología sanitaria, evitando los precios abusivos de los mismos” (4).

Actualmente, la ADSP-IB está elaborando proyectos para orientar medidas de mejora en tres áreas: 1) Precios de medicamentos y gasto farmacéutico. 2) Evaluación y uso racional. 3) Docencia y Formación a los profesionales independiente de la industria farmacéutica. Informes de próxima publicación donde se desarrollan propuestas concretas de política farmacéutica, alineados con los principios de No es sano y que creemos serán de utilidad para mantener y mejorar nuestro sistema público de salud.

No debemos olvidar que los elevados precios de los medicamentos y el importante gasto destinado a cubrir los productos farmacéuticos, es un tema preocupante en nuestro sistema de salud. En Baleares, el gasto público en farmacia y productos sanitarios se incrementó entre 2014 y 2017, un 21,4 %. El gasto global se estima superará los 500 millones de € al finalizar el presente año 2018, con un aumento de casi 50 millones de € adicionales respecto a 2017 (+ 10,6 % en el primer semestre) (5). Este gasto absorbe buena parte de los recursos necesarios para otras áreas del Ib-Salut. (por ejemplo, el aumento de 50 millones € en medicamentos por si solo, supera ampliamente el presupuesto total anual del capítulo de inversiones del Ib-Salut, que es de 34 millones de € en 2018).

(1) Mesa redonda: Iniciativa NO ES SANO: por un acceso equitativo y saludable a los medicamentos. http://www.emsp.cime.es/Contingut.aspx?idpub=1682
(2) No es sano. Campaña para sanear el modelo de innovación de los medicamentos http://noessano.org/es/wp-content/uploads/2018/07/manifiesto_noessano.pdf
(3) La alianza “No es sano” exige sanear el modelo de innovación de los medicamentos. Feb 2018. http://adspillesbalears.org/es/2018/02/la-alianza-no-es-sano-exige-sanear-el-modelo-de-innovacion-de-los-medicamentos/
(4) Manifiesto de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de las Islas Baleares. Feb 2017. http://adspillesbalears.org/es/manifiesto-adsp-illes-balears/
(5) Indicadores del gasto Farmacéutico. Ministerio de Hacienda
http://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx

 

 

¿PARA QUIEN TRABAJA LA CONSELLERIA DE SALUT DE LAS ISLAS BALEARES?

Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les IB (ADSP-IB)
22/06/2018

Las propuestas políticas que Carmen Montón, del PSOE y actual ministra de sanidad, expuestas durante los días transcurridos en el ministerio, así como las iniciativas desarrolladas durante su etapa en la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana, muestran que tiene una visión amplia y solidaria del contenido y de las finalidades de la gestión de la sanidad pública.

Por el contrario, en Baleares, nuestra Conselleria  sigue presentando eventos y jornadas en entornos avalados por empresas de la industria farmacéutica y la tecnología sanitaria, de dudoso valor estratégico para la salud de la población. El año pasado ya lo exponíamos  en un artículo en el que valoramos un encuentro similar con empresas privadas. (http://adspillesbalears.org/2017/07/la-gestion-de-la-sanidad-publica-en-baleares-hacia-donde-nos-lleva-la-colaboracion-publico-privada/)

De nuevo, el pasado día 11 de junio, se celebró en Palma una jornada de título “Innovación para una sanidad basada en el valor”, con la participación de varios de los actuales gestores de la sanidad pública y privada de Mallorca patrocinados por Celgene y Philips. Una empresa productora de fármacos principalmente del área oncológica y otra de tecnología del diagnóstico y de las comunicaciones entre los profesionales. Evento difundido y publicado ampliamente por el Diario de Mallorca. (https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/06/12/govern-queremos-lograr-modelo-universal/1321584.html)

Según lo publicado, en la jornada se manifestó que la innovación es un derecho para el paciente y un deber para el profesional, que hay que encontrar el equilibrio entre innovación, solvencia y sostenibilidad, que se tiene que cambiar el concepto de gasto por el de inversión (el dinero público no se quieren gastar, se quieren invertir). Desde hace unos años cuando se habla de solvencia y sostenibilidad del sistema sanitario es frecuente encontrar argumentos interesados contra la rentabilidad y sostenibilidad de la sanidad pública y así apoyar a privatizar una parte del sistema sanitario. De hecho los últimos tres años, en las Islas Baleares se han externalizado o privatizado sectores como esterilización, hemodiálisis, radioterapia, fisioterapia a domicilio, hospitalización a domicilio, además de todos los servicios no sanitarios de hospital, como el servicio de mantenimiento de Son Espases. Un claro ejemplo de decisiones erróneas en esta línea es el caso del ecógrafo para ginecología en Menorca que ha sido concertado con un hospital privado, en lugar de plantear su inmediata adquisición por el sistema público.

El lenguaje que se ha utilizado en esta jornada influye profundamente en la forma como se quiere trabajar y orienta hacia donde se quieren hacer ir las inversiones. No creemos que  esta jornada se haya orientado a la mejora de la salud de la ciudadanía, sino más bien a promover la mejora del valor de las acciones de las empresas que buscan estos mercados.

Desde la ADSP-IB, tal como exponemos a nuestro manifiesto (http://adspillesbalears.org/ )) creemos necesario que el sistema de salud disponga de una “Dotación suficiente para mejorar los recursos y estructuras técnicas de la sanidad pública, dirigidas a la evaluación de medicamentos, material, dispositivos y tecnología sanitaria, y a la promoción de su uso racional con criterios de eficiencia, potenciando la docencia, la gestión del conocimiento científico y la investigación en el área del medicamento y la tecnología sanitaria, con recursos del sistema público de salud, con independencia de la industria farmacéutica y tecnológica”.

Para conseguir que la verdadera innovación pueda llegar al paciente y que el sistema sea sostenible, es necesario que los productos tecnológicos que comercializa la industria, sean sometidos a una evaluación independiente y transparente, con el objetivo de determinar el valor terapéutico real que aportan y sus costes razonables. Esta evaluación tiene que ser realizada por expertos propios de los servicios de salud y alejados de conflictos de interés.

Por esta razón creemos que la vía no es confiar en la colaboración público-privada, ni realizar jornadas promocionales y periodísticas como la mencionada, ni tampoco acordar proyectos cooperativos orientados a promover la incorporación de tecnología de dudoso valor a precios exorbitantes. No nos parece una buena opción estimular la participación de los profesionales del sistema público en proyectos de investigación que finalmente sirven para producir patentes y garantizar derechos de comercialización a las empresas promotoras privadas.

Seguir este camino nos lleva en una dirección contraria a la deseable y pone en riesgo la sostenibilidad del SNS, al asumir un gasto sanitario público en tecnología y medicamentos disparada. (El gasto en farmacia y productos sanitarios en Baleares se incrementó entre 2014 y 2017, un 21,4 % y en el primer trimestre de 2018 ya ha aumentado un 14% adicional).

La ADSP-IB propone otro camino, expresado en el manifiesto “NO es SANO”, que se presentó en Palma el pasado mes de febrero, donde se exponen los puntos esenciales para la toma de decisiones transparente, y las medidas a tomar por el SNS para una investigación orientada a la verdadera innovación, al valor aportado al paciente, a su accesibilidad, y a garantizar la sostenibilidad del sistema público: (http://noessano.org/es/wp-content/uploads/2018/06/Manifiesto_NoesSano.pdf )

Cuando se propuso hace dos años la facultad de medicina, se decía que si no había facultad no había reconocimiento por parte del “Instituto de Salud Carlos III”. Ahora hay facultad de medicina y Unidad de Innovación y esperamos que proyectos cooperativos avalados por el ”Instituto de Salud Carlos III”. Pero, resulta que desde el año 2012 (Real decreto 345/2012), este Instituto ya no depende orgánicamente del Ministerio de Sanidad, ahora depende del Ministerio de Economía y Competitividad (actual Economía y Empresa). Desde aquí reclamamos la necesidad de contar con Institutos y plataformas públicas que promuevan una investigación independiente y de calidad o si procede colaborativas en condiciones de transparencia con la industria.

Como conclusión:

Solicitamos que la Conselleria trabaje con la industria en la resolución de auténticos problemas de salud, alejada de la fascinación tecnológica que nos acerca a actividades de escasa rentabilidad en términos de mejora global de la salud de nuestros ciudadanos. En definitiva, queremos una Conselleria de Sanidad que trabaje para el Ministerio de Sanidad y no para el Ministerio de Economía y Competitividad y/o Empresa.

La lengua como falso argumento para defender la sanidad pública

Conviene, una vez más , empezar por el principio, tal como dice Miguel Lázaro, presidente del SIMEBAL (Sindicato Médico Baleares), en un artículo publicado el 18 de enero pasado en el diario digital Mallorcadiario.com donde celebra la extensión a Mallorca de la organización “Mos Movem, Nos Movemos, Let’s go”, y dejar claro que el objetivo de este movimiento nacido en Menorca no es defender la sanidad pública, a sus profesionales, o la cultura y a los ciudadanos de las Islas Baleares, sino oponerse al decreto sobre exigencia de conocimiento de la lengua catalana al personal estatutario del IB-Salud. Probablemente el autor del artículo se debería sentir avergonzado por las auténticas motivaciones de la plataforma, expuestas bien claramente en el mismo diario digital, y muy bien explicadas en un revelador artículo publicado a ELMundo el día 14 de enero sobre las organizaciones que le apoyan; «luchar contra el requisito del catalán en la sanidad pública de las Baleares y en contra de la «catalanización» de las islas, precisando que «en las islas, no se habla catalán, sino mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense», ya que las disfraza de defensa de la sanidad pública. Parece obvio que, a diferencia de lo que expone Miguel Lázaro en su artículo, «Mos Movem» es un movimiento cargado de ideología política, que desprende una catalanofobia, difícil de entender –tanto los motivos de esta organización como el entusiasmo de Miguel Lázaro- sin tener presentes los acontecimientos que han tenido lugar recientemente en Cataluña.

Aun así, es oportuno preguntarse si el decreto que exige tener conocimientos de catalán al personal del IB-Salud atenta realmente contra la sanidad pública. La respuesta parece obvia: conocer las dos lenguas oficiales de nuestra comunidad no puede conducir a que la calidad de la atención dispensada por los trabajadores sanitarios se degrade. Al contrario, ser capaz de atender a un ciudadano de las Islas con independencia de que se exprese en castellano o en catalán no puede hacer más que mejorar la asistencia sanitaria. Los integrantes de «Mos Movem» dicen que «Los idiomas no salvan vidas» cuando realmente es al contrario. En una situación de extrema gravedad, ser competente lingüísticamente en catalán podría, efectivamente, contribuir a salvar una vida. La plataforma proclama, con convicción, que la sanidad no tiene que tener fronteras lingüísticas. El objetivo del decreto es, justamente, suprimir una de estas fronteras. Sin embargo y por fortuna, la asistencia sanitaria no se reduce a situaciones de vida o muerte. La mayor parte de la atención se hace a enfermos crónicos, muchos de ellos de edad avanzada y casi monolingües, tanto en castellano como en catalán. Poder entender, y desear hablar, con estos enfermos en su lengua indudablemente mejora la atención sanitaria.

Tal como reconoce el borrador del llamado «decreto del catalán», la sanidad balear sufre un déficit crónico de profesionales sanitarios. En ningún caso, un puesto de trabajo en la sanidad pública tendría que quedar sin cubrir por razones lingüísticas. Cualquier administración que no garantizara este punto estaría poniendo en peligro la salud de la población. No obstante, esta grave actuación no se puede imputar al actual gobierno. El borrador del decreto establece claramente que la convocatoria de plazas puede eximir del conocimiento de catalán a los aspirantes si se prevé una falta o insuficiencia de profesionales. Siguiendo el hilo argumental de Miguel Lázaro, cualquier procedimiento de selección en una convocatoria de trabajo público vulneraría el derecho a la igualdad al acceso laboral, puesto que el proceso de selección justamente intenta identificar las desigualdades existentes entre los aspirantes con el fin de escoger a los que mejor atención puedan dar a la población. A igualdad con el resto de los otros requisitos propios de la plaza del trabajo a ocupar, el conocimiento del catalán aumenta la calidad del servicio a la población ofrecido por el trabajador público.

Entonces ¿cuál es el problema real que tiene esta organización y sus simpatizantes; como la organización «Hazte oír» promotora de campañas ultra-conservadoras, con el decreto del catalán? ¿Que es lo que les ha movido a manifestarse con el apoyo de sus tutores mediáticos? Claramente son las razones que Miguel Lázaro rechaza rápidamente como «falacias argumentativas de segundo orden» las que, en definitiva, se resumen en la incapacidad para entender que en las Islas Baleares una parte significativa de la población tiene como lengua materna el catalán (en cualquiera de sus variantes isleñas) y que tiene el derecho y que desea poder utilizar esta lengua dentro de la sanidad pública. La iniciativa legislativa que intenta garantizar este derecho ha topado con la reacción de aquellos que son tolerantes con el catalán siempre que no salga excesivamente del ámbito familiar. Este pensamiento está representado en nuestro parlamento por dos fuerzas políticas, el PP y Ciudadanos.

Respetamos el que un grupo de ciudadanos como el que representa la plataforma «Mos Movemos» se organicen para luchar contra una legislación que consideran que vulnera su derechos, pero lo que no es aceptable es confundir al resto de la población afirmando que esta legislación – el llamado «decreto del catalán» – atenta contra la sanidad pública. Desgraciadamente, la sanidad pública, aquí y en el resto del estado, está amenazada por graves peligros, como son las listas de espera, la privatización de la sanidad, el excesivo precio de los medicamentos o la saturación de los servicios de urgencias, entre otros. Estos peligros han sido denunciados por «la Asociación en defensa de la sanidad pública de las Islas Baleares (ADSP-IB)» y, recientemente, por la «Plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública». Ninguna de estas iniciativas ha merecido el interés de Miguel Lázaro o de los medios afines a su postura ideológica. No hay ninguna mención a la lengua en el manifiesto fundador de estas asociaciones. La lengua no debe ser motivo de conflicto en la sanidad pública. Las Islas Baleares no se convertirán en una tierra «autista, paranoide, impredecible, miedosa y egoísta», en palabras de Miguel Lázaro, porque se intente garantizar que un ciudadano sea atendido por un profesional sanitario si decide utilizar el catalán. Los ciudadanos de las Islas Baleares hemos demostrado con creces tolerancia hacia aquellos que desconocen nuestra lengua y esto no cambiará en el futuro. Sin embargo, esto no es incompatible con avanzar hacia un reconocimiento pleno de los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes.
Así, nadie tiene motivos para sentirse «derrotado». Nadie tendría que buscar victorias.

Comunicado de la ADSP-IB sobre la gestión de las listas de espera

La presidenta Armengol ha visitado recientemente el Hospital Son Llàtzer, uno de nuestros hospitales públicos, en el que se está llevando a cabo una renovación tecnológica después de 16 años de su puesta en marcha. Desde la ADSP-IB celebramos esta necesaria renovación del equipamiento de algunos de nuestros hospitales públicos, pero aprovechar esta noticia para hacer creer que dicha renovación está reduciendo las listas de espera no se corresponde con la realidad.

La realidad es que la lista de espera disminuye por el tiempo extra (también llamadas peonadas) que dedican los profesionales sanitarios en hospitales públicos. Las listas de espera se merecen un verdadero plan de transformación de la actividad, porque mientras los planes estratégicos no introduzcan mejoras estructurales y organizativas, solo están siendo maquilladas en base a la continua actividad extraordinaria de los propios profesionales. Seguir realizando planes de choque solo sirve para mantener la espera de primeras visitas inferiores a 60 días, o para descender el número de pacientes que esperan más 6 meses en lista quirúrgica. Por ello, esos planes de choque dejan de serlo cuando se perpetúan como si fueran la solución, dejando de tener sentido, a no ser que se quiera jugar con la espera de la población como elemento moderador de la demanda asistencial o como arma para justificar la derivación al sector privado. En esta legislatura no se han dado hasta el momento verdaderas soluciones estructurales, organizativas o de adecuación de recursos para una gestión a largo plazo de las listas de espera.

Según lo publicado por el IB-Salut,  las cifras en las listas quirúrgicas habían disminuido en 1200 pacientes entre junio de 2014 y junio de 2017, pero 11854 pacientes seguían en espera (198 menos que hace un año, el 1,6%). En estos 2 años se han operado a los pacientes que más tiempo llevaban esperando, por lo que el tiempo de demora media ha disminuido hasta hace unos 4 meses en que está volviendo subir. Las listas de espera de primeras visitas de especialidades hospitalarias han disminuido un 50% gracias al plan de choque, pero siguen sin publicarse las listas de espera de segundas visitas, que han ido aumentando exponencialmente sin que exista plan disminuir y estabilizar las mismas. Y por supuesto, la espera para exploraciones complementarias es del todo inasumible para muchos pacientes, que ven cómo se demora su diagnóstico y tratamiento.

También se ha comunicado que se reimplantara el decreto de garantía de demora en enero del 2018, cuya finalidad es que si la espera sobrepasa los 6 meses, la persona pueda ser operada en un hospital privado, siendo el IBSalut el que corra con los gastos. Aunque el propósito de limitar la demora sea aplaudible, habiéndose operado en un año prácticamente los mismos pacientes del grupo de espera superior a 6 meses que en el año anterior (198 menos), es de suponer que en el año próximo este grupo tendrá muchas más personas, las cuales serán atendidas en el sector privado.

 Desde la ADSP-IB solicitamos que toda la información de las listas de espera (primeras, segundas, listas de espera quirúrgica, listas no estructurales y lista de exploraciones complementarias radiológicas y no radiológicas) sean públicas con absoluta transparencia, y que se desarrollen políticas estructurales y organizativas  para que en un futuro se tengan los recursos y las condiciones necesarias para que la población sea atendida por el sistema sanitario público, sin esperas injustificables y sin necesidad de derivación a centros privados.

El modelo de gestión que se espera de nuestros gestores sanitarios debe ser el de optimizar los recursos públicos para dar respuesta a la demanda sanitaria de forma costo eficiente. Rechazamos fórmulas de gestión que comparten el talento generado el sistema público para obtener beneficios empresariales que encarecen la asistencia y que desvirtúan los criterios clínicos que caracterizan la asistencia pública. La gestión de las listas de espera necesita de un plan estratégico que ajuste la demanda y los recursos, para garantizar una atención pública, y de calidad, que defienda la asistencia como un derecho para garantizar la necesaria equidad de la población.

La gestión de la sanidad pública en Baleares: ¿hacia donde nos lleva la colaboración PÚBLICO-PRIVADA?

Comunicado de la Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les IB

(ADSP-IB)

Palma, 21 de Julio de 2017

LA GESTIÓN DE LA SANIDAD PUBLICA EN BALEARES: ¿HACIA DONDE NOS LLEVA LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA?

La Sra. Patricia Gómez, consellera de sanidad de esta comunidad, en su intervención de hace un mes en un “Desayuno informativo” organizado por el “Executive Forum” y esponsorizado por las empresas Ilunion, Intersystems y Becton Dickinson declaró que apostar por la colaboración público-privada es una “fórmula que atrae el éxito”. La consellera afirmó que “es más lo que nos une que lo que nos separa”, reconociendo que “no queda más remedio” que establecer una colaboración de esta naturaleza, la cual, “a día de hoy, se hace a veces difícil por la “rigidez administrativa” (las declaraciones completas se pueden consultar en:

https://www.youtube.com/watch?v=4dR5fQh2rn4

https://www.youtube.com/watch?v=p3evCVHQQpA

La consellera de sanidad aprovechó un foro empresarial para desvelar su línea de pensamiento, la cual reconoció que quizás no esté totalmente en sintonía con la opinión de su partido (PSIB-PSOE) acerca de la colaboración público-privada. Desde nuestra posición de defensores de una sanidad pública gestionada por instituciones públicas, el análisis que hacemos acerca de la bondad de la colaboración público-privada es contrario al de la Sra. Patricia Gómez.

Los hipotéticos intereses compartidos entre ambos ámbitos que menciona la consellera quedan completamente minimizados por la diferencia radical existente entre los objetivos de la sanidad pública (maximizar el bienestar social) y los de la empresa privada (maximizar el beneficio económico). Esta diferencia de objetivos, reconocida incluso por los partidarios de esa colaboración, tan solo puede ser armonizada mediante estrictos mecanismos de control por parte de la administración pública. Estos mecanismos deben reducir la posibilidad de comportamientos oportunistas por parte del socio privado derivados de su mayor conocimiento de los costes de las infraestructuras y servicios sanitarios que se van a proveer. En contra de la opinión de la consellera, nuestra asociación aboga por una auditoria rigurosa acerca de los términos de cualquier contrato de colaboración público-privada.

A pesar de las quejas acerca de la “rigidez administrativa” manifestadas por la Sra. Patricia Gómez, lo cierto es que Baleares es una de las comunidades autónomas con un mayor nivel de privatización de la sanidad y al mismo tiempo una de las que menos gasto dedica a la sanidad pública. La gestión de la sanidad pública en las Islas Baleares en las últimas legislaturas ha sido un trasvase constante de recursos económicos sanitarios públicos a empresas del sector sanitario privado. Un ejemplo llamativo de esta tendencia es el concierto millonario subscrito por el GOIB con el sector empresarial privado (20.7 millones de euros) que hará que la asistencia de la mayoría de los pacientes en hemodiálisis se derive hacia centros privados.

Esta desinversión en el sector público vacía de una parte significativa de su contenido asistencial a los servicios de nefrología de los hospitales públicos, motivando la denuncia a la prensa de esta situación por parte de los pacientes en hemodiálisis constituidos en una “Plataforma de defensa de la diálisis en la sanidad pública”. Otro ejemplo paradigmático de la deriva hacia la concertación privada de nuestra sanidad es la concesión al mismo grupo empresarial privado de la gestión de la radioterapia en Ibiza y, próximamente, en Menorca. En estas dos islas, la forma de colaboración con las clínicas privadas adoptará la fórmula de pago por cartilla sanitaria y no por servicio realizado. Es decir, la administración pública pagará una cantidad fija, independientemente de los tratamientos que se realicen. No es difícil coincidir en que, en acuerdos como estos, son más necesarios que nunca estrictos mecanismos de control.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSPIB) alentamos a nuestros gestores sanitarios a que desarrollen políticas basadas en la defensa del derecho a la salud como principio de equidad de la población y a no seguir avanzando en la privatización. Es necesario revertir la situación en la línea de medidas como las que se están tomando en otras comunidades autónomas. Consideramos que la llamada “colaboración público-privada” nos conduce a un futuro donde lo público será sinónimo de actividad no rentable para el sector privado, con la consiguiente pérdida de eficacia de nuestro excelente sistema público salud en favor de otras opciones de las que se conocen sus negativos resultados sobre la salud de la población y sobre el aumento de gasto.

Resposta de L´ADSP-IB al projecte «Nou Son Dureta»

1. Recuperar l´espai de l´antic Son Dureta: bona iniciativa.

Vagi per davant que des de la ADSP-IB, considerem que es molt important la posada en marxa d’un projecte encaminat a recuperar l’ús de l’antiga Son Dureta com espai destinat a la cobertura de necessitats sociosanitàries de la població mallorquina.

2. Manca conèixer quins indicadors justifiquen una inversió de 119 milions d´euros.
Segons el propi Ibsalut, s’estima que el 68 % dels ingressos hospitalaris estan relacionats amb la cronicitat, i que el 47 % dels malalts amb alguna patologia crònica avançada ingressen actualment als nostres hospitals d’aguts, rebent una atenció que no dona resposta completa a les seves necessitats.
Aquestes dades, conjuntament amb una previsió sobre l’estratificació de la població que permeti identificar a les persones amb risc d’emmalaltir i predir les necessitats de les persones que ja presenten malaltia crònica, s’han de convertir per la administració en els indicadors fiables que han de guiar el pla estratègic d’inversions a la nostra comunitat.
Desconeixem quins indicadors de salut s’han emprat a l’hora de dimensionar un projecte que s’anuncia suposarà una inversió de 119 milions d’euros.

3. Manca d’una memòria econòmica sobre com es finançarà el projecte arquitectònic i dels recursos humans i materials necessaris per mantenir el funcionament.
El projecte presentat manca d´una memòria econòmica sobre com es finançarà la construcció dels edificis i d’una memòria econòmica del costos anuals de manteniment dels recursos humans i materials del nou Son Dureta. Així mateix, falta quantificar el nombre de professionals de la salut i de treballadors necessaris pel funcionament de la nova infraestructura i la forma de finançar-los. Es imprescindible quantificar l´impacte econòmic i pressupostari, conèixer el cost d´oportunitat i les conseqüències pel sistema de salut. Així mateix manca un cronograma detallat sobre la construcció, la posta en marxa. Es fa necessari conèixer les distintes fases d´instauració del projecte, tan arquitectònic com funcional.

4. Necessitat d´estructures assistencials properes a la població depenent.
Ens agradaria insistir en el concepte geogràfic de Comunitat, ja que si es tracta de posar en marxa dispositius per atendre a la població depenent i amb malalties cròniques, més que mai es fa necessari una distribució d’aquests en les diferents àrees geogràfiques, que faci que la població que han d’atendre aquestes infraestructures, estigui el més a prop possible dels seus sistemes de recolzament habituals, condició transcendental quan es tracta d’atenció a població depenent.

5. Necessitat de dispositius sanitaris a l’Illa de Mallorca.
Considerem imprescindible que el desenvolupament del pla denominat “nou Son Dureta” expliqui les necessitats globals d’equipaments sanitaris a l’Illa de Mallorca, de forma que ens permeti veure amb claredat quins son “els dispositius necessaris” a l’àrea d’influència del “nou Son Dureta”. Seria inadmissible que aquest projecte serveixi per desatendre altres àrees geogràfiques de Mallorca o de la resta d’Illes, introduint criteris d’iniquitat tan sols per l’oportunitat d’aprofitament d’uns espais existents.

6. Necessitat d´explicitar el caràcter inequívocament públic del projecte sense que existeixi participació del sector privat (concessionàries, convenis…)
Reclamem des d’un principi que quedi explícitament recollit, el caràcter inequívocament públic del projecte, sense que existeixi participació del sector privat en possibles beneficis que desvirtuïn el caràcter del mateix, com a garantia del principi bàsic de defensa de l’interès social.

7. Projecte arquitectònic colossal: operació mediàtica i d´imatge ?
Les deficiències esmentades fan pensar que el projecte presentat es més una operació d’imatge que una proposta real, especialment quan es senyala que es dura a terme al llarg de més de dues legislatures i que la dotació pressupostaria inicial es tan sols d’un milió d’euros. Demanem que s’explicitin terminis de les diferents fases del projecte i acompanyament pressupostari.

8. Participació d´afectats i desenvolupament del projecte
Per dotar al projecte d’unes bases sòlides es fa imprescindible explicar-ho i pactar-ho amb els actor socials i professionals del sector. Expressions com “no es tracta d’un concurs per a un nou projecte, sinó de licitar una selecció d’arquitectes per redactar el projecte, que ja tenim definit” resulten inadmissibles. També sorprenen paràgrafs com el que diu “Hem d’insistir que tot això és una proposta que dona resposta a aquestes necessitats, però que sempre està oberta a les aportacions i les valoracions que aportin tots els col•lectius que participaran en el procés d’elaboració del projecte i està sotmesa a la redacció final del projecte arquitectònic”.
Després de llegir-ho ens demanem de quines necessitats es parla i quins col•lectius han participat en el procés d’elaboració del projecte. Considerem que el projecte arquitectònic ha de respondre a una veritable filosofia de participació des del seu començament. Respondre al repte de la cronicitat no implica necessàriament un augment de recursos, però sí precisa necessàriament de l’adaptació i de l’optimització dels mitjans ja disponibles. Per això és imprescindible augmentar la participació, transparència i responsabilitat de gestors, professionals i de la població en general.

9. Participació dels usuaris i de la ciutadania als òrgans de participació: Consells de Salut.
Hem d’aprofitar aquest projecte per establir canals formals de participació que garanteixin el treball compartit pel sistema sanitari i social amb associacions de cuidadors i pacients afectats per problemes de salut crònics. Aprofitem per reclamar la creació i el desenvolupament dels Consells de Salut i altres òrgans de participació com a mecanismes de participació social en favor de la millora de la salut i la qualitat de vida de la població.