Dosier Punto 6: ÁREA DE ATENCIÓN PRIMARIA

El punto 6 del manifiesto de l´ADSPIB propone “Reforzar la Atención Primaria como eje y ordenación de la asistencia sanitaria y mejorar la coordinación entre los niveles asistenciales de atención primaria y atención especializada/hospitalaria.”

En el documento se presentan de forma detallada los ejes básicos para:

1 – Potenciar una gestión autónoma, participativa y descentralizada de los servicios de atención primaria.
2 –Incrementar la coordinación con atención especializada implantando modelos colaborativos con las metas de aumento de la capacidad de resolución en atención primaria y la reducción de las listas de espera en atención especializada.
3 – Desarrollo en todos los centros de programas de prevención y promoción de la salud fomentando la coordinación intersectorial y la participación comunitaria.
4 – Extensión de la cobertura de los servicios existentes e incremento de la cartera de servicios asistenciales en el área materno-infantil y patología del aparato locomotor.
5- Incrementar las inversiones en los centros de salud para el acceso a nuevas tecnologías y la adecuación de las instalaciones actuales.
6-Contribuir a la desmedicalización de la sociedad y a la prevención cuaternaria desarrollando la campaña “No es sano”, sumándose a las iniciativas “No hacer” y proponiendo en consulta alternativas no farmacológicas a demandas sanitarias.

Lista de espera en la sanidad de Baleares; el decreto de Garantía de Demora no es la solución.

Comunicado de l´Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les IB (ADSPIB).
Palma, 17/10/2018.

Desde la ADSP-IB queremos manifestar nuestra sorpresa, al tiempo que nuestra más firme oposición, a la anunciada aprobación del decreto de demora como solución a las injustificables listas de esperas que los usuarios de la sanidad pública inexplicablemente deben soportar. Desde nuestra asociación siempre hemos defendido que cualquier medida que no fuese estructural, es decir, encaminada a la mejora de los recursos propios para atender la actividad, es una pérdida de tiempo y un despilfarro de los recursos públicos, que los políticos y gestores deben gestionar para resolver con eficiencia los problemas de la ciudadanía.

Hace 2 años comenzó un plan de choque contra la lista de espera que se dijo que iba a costar 14 millones de euros y cuyo objetivo principal era reducir a cero el número de personas que esperan más de seis meses para una intervención quirúrgica o más de dos meses para una consulta (nota de prensa del Servei de Salut 20/10/16). Han pasado 2 años y hay el mismo número de personas esperando una intervención quirúrgica (13.587 pacientes con una demora media de 84,2 días) y casi 900 personas esperando más de 6 meses. Es cierto que se ha conseguido disminuir la demora media, ya que entonces había 2800 pacientes esperando más de 6 meses; sin embargo, no se ha conseguido disminuir el número total de personas en la lista de espera. La ADSP-IB hizo un comunicado hace un año anticipando que las listas no disminuían y que estaba volviendo a subir la demora (http://adspillesbalears.org/2017/07/comunicado-de-la-adsp-ib-sobre-la-gestion-de-las-listas-de-espera/)

Siempre hemos manifestado que las mal llamadas peonadas de profesionales para solventar las listas de espera es una medida llena de perversiones y sin ninguna garantía de éxito, como ha quedado otra vez demostrado después de estos tres años de aplicación, en los que a pesar de la inversión de una gran cantidad de recursos y presupuesto, esta medida ha resultado nuevamente infructuosa. Para empeorar las cosas, y llegados al final de la legislatura, se decide relanzar el famoso decreto de demora. Esta medida no supone otra cosa que transferir la actividad que debería realizarse en la sanidad pública a la sanidad privada, lo que conduce a un continuo de conflicto de intereses, tanto por parte de los gestores que alternan la gestión pública con la privada, como de los profesionales que trabajan en la sanidad pública al tiempo que mantienen grandes intereses en la sanidad privada.

La solución no es seguir gastando en nuevos planes de choque ni aplicar un decreto de garantía de demora para derivar a los pacientes a hospitales privados, porque eso ya se ha probado y, previsiblemente, dentro de 2 años la situación será igual o peor.

Entendemos que la provisión pública de los servicios sanitarios debe realizarse en los centros sanitarios públicos, y que los presupuestos públicos deben ser invertidos y gastados en servicios públicos. El decreto de garantía de demora hace todo lo contrario. En lugar de contratar más personal y ampliar el uso de los recursos públicos, se opta por subcontratar a empresas privadas para que hagan un trabajo que la sanidad pública no puede, no sabe o no quiere solucionar. La aplicación de estas políticas no hará sino seguir aumentando los conciertos público-privados y la derivación de la provisión de servicios públicos a manos privadas, cuyo presupuesto en servicios asistenciales de atención especializada prestados por terceros aumentó en un 22 % el año pasado.

Las listas de espera se merecen un verdadero plan de transformación de la actividad, porque mientras los planes estratégicos no introduzcan mejoras estructurales y organizativas, estas solo están siendo maquilladas en base a la continua actividad extraordinaria de los propios profesionales. En esta legislatura no se ha presentado, hasta el momento, un proyecto de adecuación de recursos para una gestión a largo plazo de las listas de espera, imprescindible para generar las condiciones necesarias para que la población sea atendida por el sistema sanitario público.

Creemos que para conseguir una gestión más eficaz de las listas de espera, debe promulgarse una normativa sobre incompatibilidades que imposibilite la actividad de gestión en un hospital público con la actividad en un hospital privado. Hay que evitar que los profesionales de la sanidad pública concurran en conflictos de intereses gestionando un servicio que genera listas de espera, que van a ser resueltas por otros servicios de los que también reciben emolumentos por la misma actividad.

Además, deberían darse a conocer los datos sobre la distribución por especialidades, servicios y hospitales de los pacientes en la lista de espera. Ésta sería una forma de conocer la eficacia de la gestión clínica de los servicios implicados y ayudaría a decidir las medidas correctoras a tomar.

La solución al problema de las listas de espera debe venir de la mano de la innovación en la gestión, de un detallado análisis de la situación y del compromiso de los profesionales con la empresa pública para la que trabajan, con los usuarios a los que atienden y con la mejora de la calidad del servicio público.

Conviene, una vez más , empezar por el principio, tal como dice Miguel Lázaro, presidente del SIMEBAL (Sindicato Médico Baleares), en un artículo publicado el 18 de enero pasado en el diario digital Mallorcadiario.com donde celebra la extensión a Mallorca de la organización “Mos Movem, Nos Movemos, Let’s go”, y dejar claro que el objetivo de este movimiento nacido en Menorca no es defender la sanidad pública, a sus profesionales, o la cultura y a los ciudadanos de las Islas Baleares, sino oponerse al decreto sobre exigencia de conocimiento de la lengua catalana al personal estatutario del IB-Salud. Probablemente el autor del artículo se debería sentir avergonzado por las auténticas motivaciones de la plataforma, expuestas bien claramente en el mismo diario digital, y muy bien explicadas en un revelador artículo publicado a ELMundo el día 14 de enero sobre las organizaciones que le apoyan; «luchar contra el requisito del catalán en la sanidad pública de las Baleares y en contra de la «catalanización» de las islas, precisando que «en las islas, no se habla catalán, sino mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense», ya que las disfraza de defensa de la sanidad pública. Parece obvio que, a diferencia de lo que expone Miguel Lázaro en su artículo, «Mos Movem» es un movimiento cargado de ideología política, que desprende una catalanofobia, difícil de entender –tanto los motivos de esta organización como el entusiasmo de Miguel Lázaro- sin tener presentes los acontecimientos que han tenido lugar recientemente en Cataluña.

Aun así, es oportuno preguntarse si el decreto que exige tener conocimientos de catalán al personal del IB-Salud atenta realmente contra la sanidad pública. La respuesta parece obvia: conocer las dos lenguas oficiales de nuestra comunidad no puede conducir a que la calidad de la atención dispensada por los trabajadores sanitarios se degrade. Al contrario, ser capaz de atender a un ciudadano de las Islas con independencia de que se exprese en castellano o en catalán no puede hacer más que mejorar la asistencia sanitaria. Los integrantes de «Mos Movem» dicen que «Los idiomas no salvan vidas» cuando realmente es al contrario. En una situación de extrema gravedad, ser competente lingüísticamente en catalán podría, efectivamente, contribuir a salvar una vida. La plataforma proclama, con convicción, que la sanidad no tiene que tener fronteras lingüísticas. El objetivo del decreto es, justamente, suprimir una de estas fronteras. Sin embargo y por fortuna, la asistencia sanitaria no se reduce a situaciones de vida o muerte. La mayor parte de la atención se hace a enfermos crónicos, muchos de ellos de edad avanzada y casi monolingües, tanto en castellano como en catalán. Poder entender, y desear hablar, con estos enfermos en su lengua indudablemente mejora la atención sanitaria.

Tal como reconoce el borrador del llamado «decreto del catalán», la sanidad balear sufre un déficit crónico de profesionales sanitarios. En ningún caso, un puesto de trabajo en la sanidad pública tendría que quedar sin cubrir por razones lingüísticas. Cualquier administración que no garantizara este punto estaría poniendo en peligro la salud de la población. No obstante, esta grave actuación no se puede imputar al actual gobierno. El borrador del decreto establece claramente que la convocatoria de plazas puede eximir del conocimiento de catalán a los aspirantes si se prevé una falta o insuficiencia de profesionales. Siguiendo el hilo argumental de Miguel Lázaro, cualquier procedimiento de selección en una convocatoria de trabajo público vulneraría el derecho a la igualdad al acceso laboral, puesto que el proceso de selección justamente intenta identificar las desigualdades existentes entre los aspirantes con el fin de escoger a los que mejor atención puedan dar a la población. A igualdad con el resto de los otros requisitos propios de la plaza del trabajo a ocupar, el conocimiento del catalán aumenta la calidad del servicio a la población ofrecido por el trabajador público.

Entonces ¿cuál es el problema real que tiene esta organización y sus simpatizantes; como la organización «Hazte oír» promotora de campañas ultra-conservadoras, con el decreto del catalán? ¿Que es lo que les ha movido a manifestarse con el apoyo de sus tutores mediáticos? Claramente son las razones que Miguel Lázaro rechaza rápidamente como «falacias argumentativas de segundo orden» las que, en definitiva, se resumen en la incapacidad para entender que en las Islas Baleares una parte significativa de la población tiene como lengua materna el catalán (en cualquiera de sus variantes isleñas) y que tiene el derecho y que desea poder utilizar esta lengua dentro de la sanidad pública. La iniciativa legislativa que intenta garantizar este derecho ha topado con la reacción de aquellos que son tolerantes con el catalán siempre que no salga excesivamente del ámbito familiar. Este pensamiento está representado en nuestro parlamento por dos fuerzas políticas, el PP y Ciudadanos.

Respetamos el que un grupo de ciudadanos como el que representa la plataforma «Mos Movemos» se organicen para luchar contra una legislación que consideran que vulnera su derechos, pero lo que no es aceptable es confundir al resto de la población afirmando que esta legislación – el llamado «decreto del catalán» – atenta contra la sanidad pública. Desgraciadamente, la sanidad pública, aquí y en el resto del estado, está amenazada por graves peligros, como son las listas de espera, la privatización de la sanidad, el excesivo precio de los medicamentos o la saturación de los servicios de urgencias, entre otros. Estos peligros han sido denunciados por «la Asociación en defensa de la sanidad pública de las Islas Baleares (ADSP-IB)» y, recientemente, por la «Plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública». Ninguna de estas iniciativas ha merecido el interés de Miguel Lázaro o de los medios afines a su postura ideológica. No hay ninguna mención a la lengua en el manifiesto fundador de estas asociaciones. La lengua no debe ser motivo de conflicto en la sanidad pública. Las Islas Baleares no se convertirán en una tierra «autista, paranoide, impredecible, miedosa y egoísta», en palabras de Miguel Lázaro, porque se intente garantizar que un ciudadano sea atendido por un profesional sanitario si decide utilizar el catalán. Los ciudadanos de las Islas Baleares hemos demostrado con creces tolerancia hacia aquellos que desconocen nuestra lengua y esto no cambiará en el futuro. Sin embargo, esto no es incompatible con avanzar hacia un reconocimiento pleno de los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes.
Así, nadie tiene motivos para sentirse «derrotado». Nadie tendría que buscar victorias.