Comunicado de la ADSP-IB sobre la gestión de las listas de espera
La presidenta Armengol ha visitado recientemente el Hospital Son Llàtzer, uno de nuestros hospitales públicos, en el que se está llevando a cabo una renovación tecnológica después de 16 años de su puesta en marcha. Desde la ADSP-IB celebramos esta necesaria renovación del equipamiento de algunos de nuestros hospitales públicos, pero aprovechar esta noticia para hacer creer que dicha renovación está reduciendo las listas de espera no se corresponde con la realidad.
La realidad es que la lista de espera disminuye por el tiempo extra (también llamadas peonadas) que dedican los profesionales sanitarios en hospitales públicos. Las listas de espera se merecen un verdadero plan de transformación de la actividad, porque mientras los planes estratégicos no introduzcan mejoras estructurales y organizativas, solo están siendo maquilladas en base a la continua actividad extraordinaria de los propios profesionales. Seguir realizando planes de choque solo sirve para mantener la espera de primeras visitas inferiores a 60 días, o para descender el número de pacientes que esperan más 6 meses en lista quirúrgica. Por ello, esos planes de choque dejan de serlo cuando se perpetúan como si fueran la solución, dejando de tener sentido, a no ser que se quiera jugar con la espera de la población como elemento moderador de la demanda asistencial o como arma para justificar la derivación al sector privado. En esta legislatura no se han dado hasta el momento verdaderas soluciones estructurales, organizativas o de adecuación de recursos para una gestión a largo plazo de las listas de espera.
Según lo publicado por el IB-Salut, las cifras en las listas quirúrgicas habían disminuido en 1200 pacientes entre junio de 2014 y junio de 2017, pero 11854 pacientes seguían en espera (198 menos que hace un año, el 1,6%). En estos 2 años se han operado a los pacientes que más tiempo llevaban esperando, por lo que el tiempo de demora media ha disminuido hasta hace unos 4 meses en que está volviendo subir. Las listas de espera de primeras visitas de especialidades hospitalarias han disminuido un 50% gracias al plan de choque, pero siguen sin publicarse las listas de espera de segundas visitas, que han ido aumentando exponencialmente sin que exista plan disminuir y estabilizar las mismas. Y por supuesto, la espera para exploraciones complementarias es del todo inasumible para muchos pacientes, que ven cómo se demora su diagnóstico y tratamiento.
También se ha comunicado que se reimplantara el decreto de garantía de demora en enero del 2018, cuya finalidad es que si la espera sobrepasa los 6 meses, la persona pueda ser operada en un hospital privado, siendo el IBSalut el que corra con los gastos. Aunque el propósito de limitar la demora sea aplaudible, habiéndose operado en un año prácticamente los mismos pacientes del grupo de espera superior a 6 meses que en el año anterior (198 menos), es de suponer que en el año próximo este grupo tendrá muchas más personas, las cuales serán atendidas en el sector privado.
Desde la ADSP-IB solicitamos que toda la información de las listas de espera (primeras, segundas, listas de espera quirúrgica, listas no estructurales y lista de exploraciones complementarias radiológicas y no radiológicas) sean públicas con absoluta transparencia, y que se desarrollen políticas estructurales y organizativas para que en un futuro se tengan los recursos y las condiciones necesarias para que la población sea atendida por el sistema sanitario público, sin esperas injustificables y sin necesidad de derivación a centros privados.
El modelo de gestión que se espera de nuestros gestores sanitarios debe ser el de optimizar los recursos públicos para dar respuesta a la demanda sanitaria de forma costo eficiente. Rechazamos fórmulas de gestión que comparten el talento generado el sistema público para obtener beneficios empresariales que encarecen la asistencia y que desvirtúan los criterios clínicos que caracterizan la asistencia pública. La gestión de las listas de espera necesita de un plan estratégico que ajuste la demanda y los recursos, para garantizar una atención pública, y de calidad, que defienda la asistencia como un derecho para garantizar la necesaria equidad de la población.
