Listas de espera. El Decreto de Demora no es la solución

Lista de espera en la sanidad de Baleares; el decreto de Garantía de Demora no es la solución.

Comunicado de l´Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les IB (ADSPIB).
Palma, 17/10/2018.

Desde la ADSP-IB queremos manifestar nuestra sorpresa, al tiempo que nuestra más firme oposición, a la anunciada aprobación del decreto de demora como solución a las injustificables listas de esperas que los usuarios de la sanidad pública inexplicablemente deben soportar. Desde nuestra asociación siempre hemos defendido que cualquier medida que no fuese estructural, es decir, encaminada a la mejora de los recursos propios para atender la actividad, es una pérdida de tiempo y un despilfarro de los recursos públicos, que los políticos y gestores deben gestionar para resolver con eficiencia los problemas de la ciudadanía.

Hace 2 años comenzó un plan de choque contra la lista de espera que se dijo que iba a costar 14 millones de euros y cuyo objetivo principal era reducir a cero el número de personas que esperan más de seis meses para una intervención quirúrgica o más de dos meses para una consulta (nota de prensa del Servei de Salut 20/10/16). Han pasado 2 años y hay el mismo número de personas esperando una intervención quirúrgica (13.587 pacientes con una demora media de 84,2 días) y casi 900 personas esperando más de 6 meses. Es cierto que se ha conseguido disminuir la demora media, ya que entonces había 2800 pacientes esperando más de 6 meses; sin embargo, no se ha conseguido disminuir el número total de personas en la lista de espera. La ADSP-IB hizo un comunicado hace un año anticipando que las listas no disminuían y que estaba volviendo a subir la demora (http://adspillesbalears.org/2017/07/comunicado-de-la-adsp-ib-sobre-la-gestion-de-las-listas-de-espera/)

Siempre hemos manifestado que las mal llamadas peonadas de profesionales para solventar las listas de espera es una medida llena de perversiones y sin ninguna garantía de éxito, como ha quedado otra vez demostrado después de estos tres años de aplicación, en los que a pesar de la inversión de una gran cantidad de recursos y presupuesto, esta medida ha resultado nuevamente infructuosa. Para empeorar las cosas, y llegados al final de la legislatura, se decide relanzar el famoso decreto de demora. Esta medida no supone otra cosa que transferir la actividad que debería realizarse en la sanidad pública a la sanidad privada, lo que conduce a un continuo de conflicto de intereses, tanto por parte de los gestores que alternan la gestión pública con la privada, como de los profesionales que trabajan en la sanidad pública al tiempo que mantienen grandes intereses en la sanidad privada.

La solución no es seguir gastando en nuevos planes de choque ni aplicar un decreto de garantía de demora para derivar a los pacientes a hospitales privados, porque eso ya se ha probado y, previsiblemente, dentro de 2 años la situación será igual o peor.

Entendemos que la provisión pública de los servicios sanitarios debe realizarse en los centros sanitarios públicos, y que los presupuestos públicos deben ser invertidos y gastados en servicios públicos. El decreto de garantía de demora hace todo lo contrario. En lugar de contratar más personal y ampliar el uso de los recursos públicos, se opta por subcontratar a empresas privadas para que hagan un trabajo que la sanidad pública no puede, no sabe o no quiere solucionar. La aplicación de estas políticas no hará sino seguir aumentando los conciertos público-privados y la derivación de la provisión de servicios públicos a manos privadas, cuyo presupuesto en servicios asistenciales de atención especializada prestados por terceros aumentó en un 22 % el año pasado.

Las listas de espera se merecen un verdadero plan de transformación de la actividad, porque mientras los planes estratégicos no introduzcan mejoras estructurales y organizativas, estas solo están siendo maquilladas en base a la continua actividad extraordinaria de los propios profesionales. En esta legislatura no se ha presentado, hasta el momento, un proyecto de adecuación de recursos para una gestión a largo plazo de las listas de espera, imprescindible para generar las condiciones necesarias para que la población sea atendida por el sistema sanitario público.

Creemos que para conseguir una gestión más eficaz de las listas de espera, debe promulgarse una normativa sobre incompatibilidades que imposibilite la actividad de gestión en un hospital público con la actividad en un hospital privado. Hay que evitar que los profesionales de la sanidad pública concurran en conflictos de intereses gestionando un servicio que genera listas de espera, que van a ser resueltas por otros servicios de los que también reciben emolumentos por la misma actividad.

Además, deberían darse a conocer los datos sobre la distribución por especialidades, servicios y hospitales de los pacientes en la lista de espera. Ésta sería una forma de conocer la eficacia de la gestión clínica de los servicios implicados y ayudaría a decidir las medidas correctoras a tomar.

La solución al problema de las listas de espera debe venir de la mano de la innovación en la gestión, de un detallado análisis de la situación y del compromiso de los profesionales con la empresa pública para la que trabajan, con los usuarios a los que atienden y con la mejora de la calidad del servicio público.