Conviene, una vez más , empezar por el principio, tal como dice Miguel Lázaro, presidente del SIMEBAL (Sindicato Médico Baleares), en un artículo publicado el 18 de enero pasado en el diario digital Mallorcadiario.com donde celebra la extensión a Mallorca de la organización “Mos Movem, Nos Movemos, Let’s go”, y dejar claro que el objetivo de este movimiento nacido en Menorca no es defender la sanidad pública, a sus profesionales, o la cultura y a los ciudadanos de las Islas Baleares, sino oponerse al decreto sobre exigencia de conocimiento de la lengua catalana al personal estatutario del IB-Salud. Probablemente el autor del artículo se debería sentir avergonzado por las auténticas motivaciones de la plataforma, expuestas bien claramente en el mismo diario digital, y muy bien explicadas en un revelador artículo publicado a ELMundo el día 14 de enero sobre las organizaciones que le apoyan; «luchar contra el requisito del catalán en la sanidad pública de las Baleares y en contra de la «catalanización» de las islas, precisando que «en las islas, no se habla catalán, sino mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense», ya que las disfraza de defensa de la sanidad pública. Parece obvio que, a diferencia de lo que expone Miguel Lázaro en su artículo, «Mos Movem» es un movimiento cargado de ideología política, que desprende una catalanofobia, difícil de entender –tanto los motivos de esta organización como el entusiasmo de Miguel Lázaro- sin tener presentes los acontecimientos que han tenido lugar recientemente en Cataluña.

Aun así, es oportuno preguntarse si el decreto que exige tener conocimientos de catalán al personal del IB-Salud atenta realmente contra la sanidad pública. La respuesta parece obvia: conocer las dos lenguas oficiales de nuestra comunidad no puede conducir a que la calidad de la atención dispensada por los trabajadores sanitarios se degrade. Al contrario, ser capaz de atender a un ciudadano de las Islas con independencia de que se exprese en castellano o en catalán no puede hacer más que mejorar la asistencia sanitaria. Los integrantes de «Mos Movem» dicen que «Los idiomas no salvan vidas» cuando realmente es al contrario. En una situación de extrema gravedad, ser competente lingüísticamente en catalán podría, efectivamente, contribuir a salvar una vida. La plataforma proclama, con convicción, que la sanidad no tiene que tener fronteras lingüísticas. El objetivo del decreto es, justamente, suprimir una de estas fronteras. Sin embargo y por fortuna, la asistencia sanitaria no se reduce a situaciones de vida o muerte. La mayor parte de la atención se hace a enfermos crónicos, muchos de ellos de edad avanzada y casi monolingües, tanto en castellano como en catalán. Poder entender, y desear hablar, con estos enfermos en su lengua indudablemente mejora la atención sanitaria.

Tal como reconoce el borrador del llamado «decreto del catalán», la sanidad balear sufre un déficit crónico de profesionales sanitarios. En ningún caso, un puesto de trabajo en la sanidad pública tendría que quedar sin cubrir por razones lingüísticas. Cualquier administración que no garantizara este punto estaría poniendo en peligro la salud de la población. No obstante, esta grave actuación no se puede imputar al actual gobierno. El borrador del decreto establece claramente que la convocatoria de plazas puede eximir del conocimiento de catalán a los aspirantes si se prevé una falta o insuficiencia de profesionales. Siguiendo el hilo argumental de Miguel Lázaro, cualquier procedimiento de selección en una convocatoria de trabajo público vulneraría el derecho a la igualdad al acceso laboral, puesto que el proceso de selección justamente intenta identificar las desigualdades existentes entre los aspirantes con el fin de escoger a los que mejor atención puedan dar a la población. A igualdad con el resto de los otros requisitos propios de la plaza del trabajo a ocupar, el conocimiento del catalán aumenta la calidad del servicio a la población ofrecido por el trabajador público.

Entonces ¿cuál es el problema real que tiene esta organización y sus simpatizantes; como la organización «Hazte oír» promotora de campañas ultra-conservadoras, con el decreto del catalán? ¿Que es lo que les ha movido a manifestarse con el apoyo de sus tutores mediáticos? Claramente son las razones que Miguel Lázaro rechaza rápidamente como «falacias argumentativas de segundo orden» las que, en definitiva, se resumen en la incapacidad para entender que en las Islas Baleares una parte significativa de la población tiene como lengua materna el catalán (en cualquiera de sus variantes isleñas) y que tiene el derecho y que desea poder utilizar esta lengua dentro de la sanidad pública. La iniciativa legislativa que intenta garantizar este derecho ha topado con la reacción de aquellos que son tolerantes con el catalán siempre que no salga excesivamente del ámbito familiar. Este pensamiento está representado en nuestro parlamento por dos fuerzas políticas, el PP y Ciudadanos.

Respetamos el que un grupo de ciudadanos como el que representa la plataforma «Mos Movemos» se organicen para luchar contra una legislación que consideran que vulnera su derechos, pero lo que no es aceptable es confundir al resto de la población afirmando que esta legislación – el llamado «decreto del catalán» – atenta contra la sanidad pública. Desgraciadamente, la sanidad pública, aquí y en el resto del estado, está amenazada por graves peligros, como son las listas de espera, la privatización de la sanidad, el excesivo precio de los medicamentos o la saturación de los servicios de urgencias, entre otros. Estos peligros han sido denunciados por «la Asociación en defensa de la sanidad pública de las Islas Baleares (ADSP-IB)» y, recientemente, por la «Plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública». Ninguna de estas iniciativas ha merecido el interés de Miguel Lázaro o de los medios afines a su postura ideológica. No hay ninguna mención a la lengua en el manifiesto fundador de estas asociaciones. La lengua no debe ser motivo de conflicto en la sanidad pública. Las Islas Baleares no se convertirán en una tierra «autista, paranoide, impredecible, miedosa y egoísta», en palabras de Miguel Lázaro, porque se intente garantizar que un ciudadano sea atendido por un profesional sanitario si decide utilizar el catalán. Los ciudadanos de las Islas Baleares hemos demostrado con creces tolerancia hacia aquellos que desconocen nuestra lengua y esto no cambiará en el futuro. Sin embargo, esto no es incompatible con avanzar hacia un reconocimiento pleno de los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes.
Así, nadie tiene motivos para sentirse «derrotado». Nadie tendría que buscar victorias.